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Revelan que Papeles de Panamá impactaron en la agenda pública de Argentina

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BUENOS AIRES (Sputnik) — La información revelada por los papeles de Panamá que involucraron al presidente de Argentina, Mauricio Macri, dejó colocar este asunto en el debate de la opinión pública, dijo a Sputnik el coordinador del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de la Fundación SES, Adrián Falco.

"Lo más relevante es que ha tomado la agenda pública este tema y podamos debatirlo, más allá de las cuestiones técnicas de si se recuperó una parte del dinero", comentó Falco, cuya institución hizo un relevamiento sobre el impacto que tuvo la filtración en los distintos países de América Latina, a tres años de que se conociera la información.

Por los Papeles de Panamá se conoce el informe divulgado en 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) basado en los datos de un bufete dedicado a crear sociedades opacas en paraísos fiscales, Mossack Fonseca.

La documentación involucró a varias personalidades, entre ellas 148 políticos, incluido el presidente Macri, provenientes de 50 países.

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El mandatario argentino, proveniente de una familia empresaria multimillonaria, estuvo imputado por lavado de activos por figurar en dos sociedades opacas, aunque luego fue cerrada la causa.

"La causa que tenía como principal protagonista a Mauricio Macri queda en la nada porque su padre fallecido se hace responsable de la apertura de la empresa en una guarida fiscal (Fleg Trading, registrada en Bahamas) y de colocarlos como directores a él y a su hermano, con lo cual eso pasa a otro fuero y ya no hay nada que investigarle al presidente", contextualizó Falco en una entrevista con Sputnik.

Implicaciones políticas

En términos políticos, tampoco ha habido avances de magnitud en el caso de Argentina.

El país sudamericano "ha flexibilizado los controles para que el capital transnacional que anda dando vueltas por el mundo buscando las mejores oportunidades de negocios financieros pueden buscarlas en Argentina", señaló el representante de la Fundación SES.

Antes una sociedad oculta (empresa offshore) no podía por ley realizar operaciones en Argentina, algo que ahora es posible.

En el país sudamericano tampoco hace falta ya informar de los accionistas de una empresa extranjera.

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La Oficina Anticorrupción, dirigida por la oficialista Laura Alonso, se comprometió a crear un registro público de los beneficiarios reales de empresas y fideicomisos en Argentina, pues este tipo de información de momento no es pública y está desagregada por provincias.

Desde la Fundación SES se propuso un proyecto de ley parecido al que impulsó en Ecuador el expresidente Rafael Correa (2007-2017) para impedir que funcionarios relacionados con guaridas fiscales pudieran aspirar a un cargo público.

Otra iniciativa abogó para que el Poder Ejecutivo no pudiera contratar a empresas vinculadas con paraísos fiscales.

Ninguna de estas medidas prosperó.

"La orientación política oficial tiene que ver con la desregulación financiera", acotó Falco.

Repercusiones económicas

En cuanto a las implicaciones económicas, los papeles de Panamá mostraron que uno 125 clientes argentinos del bufete Mossack Fonseca regularizaron bienes por un valor de casi 104 millones de dólares a raíz de la amnistía de capitales no declarados, promovida por la actual administración en 2016.

A raíz de aquella decisión, se reconocieron en total 116.800 millones de dólares, 21% del Producto Interno Bruto de Argentina, de los cuales 80% estaban en el exterior.

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"Por supuesto que el dinero no fue nunca expatriado, nunca se trabajó desde los organismos de regulación para que el dinero volviera a nuestro país, de modo que sigue en guaridas fiscales, saliendo de manera ilícita", lamentó el coordinador de la fundación.

El hermano del presidente, Gianfranco Macri, reconoció cuatro millones de dólares que había escondido a través de la sociedad oculta BF Corporation, creada por Mossack Fonseca y en la que figuraba como dueño también otro hermano del mandatario argentino, Mariano.

Un 12% de los países de la región emitió sentencias judiciales relacionadas con los papeles de Panamá, de acuerdo al relevamiento de la Fundación SES.

En Ecuador, Venezuela, Brasil y Uruguay hubo detenciones o desplazamiento de funcionarios.

Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Panamá promovieron cambios legislativos a raíz de la filtración dada a conocer hace tres años.

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