Los disparos fueron realizados por grupos de la comunidad Santa Marta, municipio de Chenalhó. La salud del niño, quien fue trasladado al Hospital de las Culturas de San Cristóbal, permanece estable.
"Llevamos años de agresiones con armas de fuego. Sufrimos una invasión de 60 hectáreas por parte de los paramilitares de Santa Marta. Continúan las agresiones a pesar de que hay una base de la Policía estatal. No los respetan y nos siguen agrediendo", dijo a Sputnik Cristóbal Sántiz Jiménez, representante de comuneros y desplazados de Aldama.
"Este año se perdieron muchas cosechas porque no pudimos sembrar. Para subsistir estamos rentando terrenos en otros sitios porque allí no podemos trabajar. Pedimos que nos indemnicen las cosechas perdidas, son toneladas de café, plátano y otros productos. Pero el Gobierno no nos dio ninguna respuesta", comentó Sántiz, uno de los siete comuneros de Aldama con orden de captura.
"El Gobierno no nos reconoce el desplazamiento. Por el contrario, dictaron órdenes de aprehensión en nuestra contra", agregó.
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En México, entre 2006 y 2017, unas 330.000 personas fueron desplazadas, según cifras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Con más de 6.000 desplazados, Chiapas es el estado más afectado por esta problemática.
Pero en 2014 Santa Marta violó los acuerdos con tala de árboles y afectando las tuberías de agua dentro del territorio. En 2016 los invasores amenazaron a las familias de la comunidad con armas de fuego y los desalojaron, luego quemaron sus casas.
"Hicimos la denuncia pero las autoridades no hacen caso, y por eso las agresiones escalaron al punto de dejar cinco muertos y una decena de heridos. Además perdimos toneladas cosechas. Y no podemos trabajar para sembrar los alimentos por que nos disparan. Hasta las escuelas atacan y nadie los castiga", explicó Sántiz Jiménez.
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Las población indígena del país es la más afectada, con más de 12.300 casos de desplazamientos internos forzados. Casi 600 personas murieron defendiendo sus tierras.
"Estamos hasta la madre con el Gobierno, perdón la palabra. Nosotros somos los afectados y aún así esperamos manteniendo la paz. Lo único que pedimos es que se haga valer el Estado de derecho y que se respete el convenio. Pero las autoridades no solo no nos escucha, sino que nos acusan de asesinos por el simple hecho de defender el derecho a las tierras", concluyó.
