Las enmiendas, que se harán efectivas desde el 3 de abril, prevén la pena de muerte por violación, adulterio, sodomía, relaciones sexuales extramatrimoniales para musulmanes, atracos, insultos o difamación del profeta Mahoma, entre otros delitos.
El nuevo código penal también castigará el aborto con azotes en público, y los robos con amputación.
"Hago un llamado al Gobierno a que detenga la entrada en vigor de este nuevo código penal draconiano que, de implementarse, supondría un serio revés para la protección de los derechos humanos del pueblo de Brunéi", declaró Bachelet, citada por el sitio web de Acnudh.
"Insto a Brunéi a mantener su moratoria de facto sobre el uso de la pena de muerte", subrayó Bachelet al recordar que ningún poder judicial está libre de errores.
Aunque el pequeño país del Sudeste Asiático, con apenas medio millón de habitantes, mantiene en sus leyes la pena capital, ha sido hasta ahora abolicionista en la práctica, con una última ejecución que data de 1957.
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Para Bachelet, ninguna ley basada en la religión puede violar los derechos humanos, independientemente de que se apliquen a personas de la religión mayoritaria, las minorías religiosas o los no creyentes.
