Según explicó el Gobierno catalán a través de un comunicado, la toma de medidas judiciales se produce en respuesta a la querella presentada este 27 de marzo por la Fiscalía contra Torra por un delito de desobediencia por su reticencia a cumplir las órdenes de la JEC.
"En la presentación de la querella se tiene en cuenta que en la doctrina consolidada por gran parte del Tribunal Supremo como del Constitucional se dice que no se puede cometer un delito de desobediencia mientras no haya una resolución de medidas cautelares", afirma el comunicado del Ejecutivo autonómico.
En su resolución la Junta señalaba que la simbología independentista es legítima, pero recordaba que, sobre todo en periodo preelectoral, los edificios públicos deben mantener una "rigurosa neutralidad política".
En concreto, la orden se refería al uso de la estelada (la bandera independentista catalana) y los lazos amarillos utilizados para homenajear a los nueve políticos presos por la presunta comisión de delitos en relación al proceso que llevó al referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.
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Finalmente, Torra retiró el 22 de marzo la simbología colgada en la fachada de la sede del Gobierno catalán.
Sin embargo, la Fiscalía decidió denunciar al presidente catalán asegurando que previamente Torra ignoró requerimientos "claros y expresos" que fueron "reiteradamente desatendidos", lo que a su modo de ver supone un delito de desobediencia.
En opinión del Gobierno catalán, las decisiones de la JEC "distan mucho de ser ajustadas a derecho, siendo su contenido totalmente aleatorio y arbitrario".
Además, el Ejecutivo catalán denuncia "una persecución política en toda regla" mediante resoluciones administrativas destinadas a "limitar derechos fundamentales" con un carácter "eminentemente sancionador".
