"Decenas de personas murieron como resultado de un deterioro brutal de la situación de los derechos humanos en el norte de Burkina Faso", cita el comunicado a Corinne Dufka, directora de HRW para Sahel.
La representante de la ONG añadió que "las fuerzas gubernamentales, así como los islamistas armados, han demostrado su total desprecio por la vida humana".
"Los socios internacionales de Burkina Faso deben instar a su gobierno, en privado y públicamente, a detener los abusos, realizar investigaciones creíbles sobre las denuncias y enjuiciar a los responsables, incluidos los actores del más alto nivel", señala HRW.
El número de ataques perpetrados por grupos islamistas en Burkina Faso se disparó de tres en 2015 a 137 en 2018, según el Centro de Estudios Estratégicos de África. Estos ataques se han concentrado en la región administrativa del Sahel, limítrofe con Malí y Níger, así como en la capital burkinesa, Uagadugú, pero se van extendiendo desde finales de 2017 a otras regiones del país.
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En respuesta, el presidente Roch Marc Christian Kaboré declaró a finales de 2018 el estado de emergencia en 14 de las 45 provincias del país.
En su sitio web, la organización sostiene que no acepta fondos del gobierno de forma directa o indirecta, o apoyo de ningún donante privado que pudiera comprometer su objetividad e independencia.
Uno de sus mayores donantes, sin embargo, es el magnate financiero George Soros, patrocinador de varias fundaciones que aportaron dinero para las llamadas revoluciones de colores en diversos países.
En 2010, Soros anunció una donación de 100 millones de dólares en el transcurso de 10 años para Human Rights Watch.