El abogado Rootman Pérez acudió el jueves al Juzgado Décimo Penal, y aseguró a reporteros locales que la candidata de Semilla no regresaría de momento a Guatemala por motivos de seguridad, y advirtió que “el Estado está obligado a garantizar la vida y la seguridad de Thelma Aldana”.
Pérez denunció además que vehículos con placas oficiales acosan a activistas de Semilla, y afirmó que sería “grave” si esos automóviles pertenecieran a instituciones públicas, a fuerzas de seguridad o al aparato de inteligencia del Estado.
“Ya eso sería una responsabilidad directa del presidente Jimmy Morales y del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart”, concluyó Pérez.
Aldana confirmó en declaraciones al periódico Prensa Libre desde El Salvador que su intención es regresar pronto a Guatemala, pero descartó hacerlo el jueves, como había anunciado dos días atrás en entrevista con la cadena CNN.
El propio Degenhart afirmó el miércoles que la orden de detención contra la ex fiscal general estaba vigente, y que cuando regresara al país sería conducida a los tribunales.
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El director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, Leopoldo Guerra, precisó que los candidatos gozan de inmunidad cuando su inscripción ha quedado firme, tras resolverse posibles impugnaciones.
A su vez, Aldana aseguró que la fiscalía de su país debería investigar a Degenhart y al juez Décimo de Instancia Penal, Víctor Cruz, pues su caso está en reserva legal y “alguno de ellos dos filtró la supuesta orden de aprensión”.
La jurista es célebre por encabezar junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala la investigación que llevó en 2015 a la renuncia y posterior encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti.
Ahora la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público la investiga por la supuesta contratación irregular de Gustavo Bonilla, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos.
Guatemala realizará sus elecciones generales el próximo 16 de junio, para las cuales ya fueron oficialmente inscritos 21 binomios presidenciales, y tres están a la espera de una resolución del Tribunal Supremo Electoral.
En total 26 partidos buscarán ganar 340 corporaciones municipales, 160 curules en el Congreso y 20 en el Parlamento Centroamericano, en un proceso marcado por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.