"La iniciativa 5377 privaría a miles de víctimas del conflicto armado interno en el país de sus derechos de conocer la verdad y de obtener justicia por las violaciones de los derechos humanos que ellas y sus familias sufrieron", dijo Neau a Sputnik.
La guerra civil guatemalteca duró tres décadas y dejó 200.00 muertos, 45.000 desaparecidos y casi 100.000 desplazados.
Esta reforma busca otorgar una amnistía general para los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese conflicto.
En caso de que sea aprobada Neau opina que se enviaría "el mensaje que las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno pueden quedar impunes sin ninguna consecuencia".
Amnistía considera que la liberación de personas condenadas podría implicar riesgos para la seguridad y la integridad de las víctimas, testigos, sus representantes, expertos y fiscales que participaron en los primeros juicios.
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El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional firmaron en diciembre de 1996 una docena de acuerdos al terminar la guerra civil.
"El proyecto de ley 5377 constituye una ofensa para la memoria de las víctimas y la labor de todas aquellas personas que han luchado por años para que se haga justicia en estos casos, que han participado en estos juicios históricos que tuvieron lugar y los miles que siguen esperando saber lo que ocurrió a sus seres queridos", señaló Neau.
Amnistía advierte que con iniciativas de ley como la 5377 se juega el futuro de la lucha contra la impunidad en Guatemala.
Durante el conflicto se cometieron actos que fueron calificados por las comisiones de la verdad como genocidio, tortura y desapariciones forzadas.
"Esta reforma pone en riesgo todos los avances de la última década en la investigación y enjuiciamiento de los responsables de las atrocidades perpetradas durante el conflicto armado, atribuidas en su gran mayoría al ejército de Guatemala", señaló Neau.
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A partir de 2008, "tras décadas de impunidad y gracias a los incasables esfuerzos de las víctimas, sus representantes legales, fiscales y las personas y organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos" empezaron a llegaron ante la justicia los primeros casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.
Estos avances resultaron en la condena de al menos 30 antiguos mandos militares, comisionados militares y exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) por los delitos de tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual y esclavitud sexual.
Amnistía considera que si se aprueba e implementa la iniciativa de ley 5377 "se violarían las obligaciones internacionales contraídas por Guatemala".
"En derecho internacional existe una regla general según la cual las amnistías por crímenes de derecho internacional o serias violaciones de derechos humanos, como el genocidio, tortura y desapariciones forzadas son incompatibles con las obligaciones de investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de estos crímenes", aclaró Neau.
"Guatemala está obligada por varios tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a investigar los crímenes de derecho internacional o serias violaciones de derechos humanos, porque estos crímenes son tan graves que no pueden quedar en la impunidad", señaló la activista.
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Neau considera que la aprobación de una iniciativa como esta, que promueve la impunidad para graves violaciones de derechos humanos, "enviaría una señal nefasta para las luchas contra la impunidad que están teniendo lugar en la región".
El tercer debate de esta reforma estaba pautado para la pasada semana en el Congreso guatemalteco, pero por falta de quórum fue cancelado.
En la agenda de esta semana tampoco figuró.
Sin embargo, para la sesión del miércoles figuraba en la orden del día un proyecto de ley que busca excarcelar a personas mayores de 70 años, edad que pasan casi todos los responsables de crímenes del conflicto armado, pero que tampoco fue tratado y quedó como pendiente para la próxima semana.
Esta nueva ley dio a entender que el Gobierno buscará la liberación de estas personas por otra vía luego de que la Corte Interamericana de DDHH publicara el 12 de marzo una resolución en la que le ordena al Estado de Guatemala interrumpir y archivar la iniciativa de reforma de Ley de Reconciliación Nacional.
