"La nueva investigación confirma al menos dos intentos de espionaje con el malware Pegasus, entre el 25 y 26 de mayo de 2017, en contra de la periodista Griselda Triana, días después del asesinato de su pareja, el periodista Javier Valdez", dice el informe presentado el miércoles por ese centro académico canadiense.
Los mensajes llegaron suplantando la identidad de sitios web de noticias como Animal Político y el semanario Proceso, dos reconocidos medios mexicanos independientes.
Si la periodista hubiese abierto los enlaces de esos mensajes, ese malware habría infectado su teléfono, permitiendo al atacante acceso a sus archivos, documentos, así como a la cámara, micrófono y GPS del dispositivo, entre otros.
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En el mismo periodo, dos periodistas del semanario Río Doce también recibieron al menos seis intentos de infección con el malware, desarrollado por la empresa israelí NSO Group para servicios gubernamentales de espionaje.
Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos algunos que son integrantes de la nueva Fiscalía General que la reemplaza, "habrían realizado declaraciones falsas y destruido evidencia con el objetivo de obstaculizar la investigación penal", dice el informe.
Con este resultados suman 25 objetivos atacados con Pegasus documentados.
"Esta revelación reafirma la existencia de un patrón sistemático de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos que no debe quedar en la impunidad", dice el reporte.
Las organizaciones y el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", administrado por jesuitas, acompañaron a la periodista a presentar una denuncia con la convicción de que "los cambios en la nueva Fiscalía General constituyen una oportunidad para dotar la investigación de un nuevo impulso y de las garantías de independencia y asistencia internacional necesarias".
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Las organizaciones solicitaron al Gobierno Federal el establecimiento de un mecanismo independiente de investigación que cuente con la participación d la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
