"No podríamos honestamente estar saliendo el 1 de abril como quisiéramos con una Gestora Pública que dé un servicio mucho más allá de lo que prestan las AFP (privadas)", dijo el ministro de Economía, Luis Arce, en una conferencia de prensa en la que anunció la decisión.
Arce dijo que el nuevo aplazamiento, formalizado por un decreto supremo que aprobó el gabinete ministerial, fue concertado con la Central Obrera Boliviana, principal impulsora del manejo estatal del sistema de pensiones que atiende actualmente a unos 2,2 millones de personas.
Arce explicó que los problemas técnicos que forzaron el cuarto aplazamiento de la Gestora Pública tenían que ver principalmente con la puesta a punto del sistema técnico.
"Hoy en día gran parte de su trabajo es manual y se busca que todo esté automatizado y que la gente se libere del sistema manual para que la atención sea más personalizada", dijo.
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El sistema de fondos privados de pensiones fue implantado en Bolivia en la década de 1990 por el Gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, que otorgó su administración a dos empresas filiales del grupo suizo de seguros Zurich International y del grupo español BBVA.
La Gestora Pública debió iniciar operaciones en 2016, seis años después de su creación, como parte de la política estatista del Gobierno de Evo Morales.
