"La injerencia política que busca menoscabar las investigaciones (sobre los delitos de Odebrecht) nos preocupa", expresó el fiscal en declaraciones al diario local La República.
Este acuerdo fue firmado el 15 de febrero pasado y compromete a la constructora brasileña a entregar toda la información sobre los sobornos cometidos en Perú.
Asimismo, la obliga a pagar una reparación civil de 610 millones de soles (184 millones de dólares) en favor del Estado.
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Sobre este último punto, sectores del Congreso, en particular miembros del partido opositor Fuerza Popular (fujimorista, derecha), han exigido que el ministro de Justicia responda sobre cómo la Procuraduría llegó a establecer ese monto.
A entender de los congresistas de Fuerza Popular, la reparación civil es insuficiente comparada con el daño ocasionado por Odebrecht a Perú.
Esto los llevaría a pensar que la Procuraduría Anticorrupción, oficina del Ministerio de Justicia, ha cometido irregularidades para fijar un monto que juzgan bajo.
Vela cree que lo que debe preocupar a la ciudadanía en toda esta coyuntura es que se quiera "menoscabar" la "independencia y autonomía" de la Fiscalía y la Procuraduría por intereses políticos que busquen objetar el acuerdo.
Según los críticos de la interpelación impulsada por Fuerza Popular, esta agrupación estaría buscando entorpecer la firma del acuerdo que aún falta legalizar, ya que varios de sus militantes están comprometidos en las investigaciones en relación a Odebrecht.
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La lideresa del partido fujimorista, Keiko Fujimori, se encuentra actualmente cumpliendo prisión preventiva en un penal de Lima.
Fujimori es acusada por el equipo Lava Jato de haber incurrido en lavado de activos al haber recibido dinero de la constructora para financiar su campaña a la presidencia en 2011.