La masacre fue cometida por soldados del Regimiento de Paracaídas del Ejército Británico, que custodiaba la manifestación convocada por activistas contrarios a las detenciones presuntamente irregulares de integrantes del IRA.
Núremberg
En esa oportunidad, la defensa de los acusados alegó que simplemente habían cumplido órdenes de sus superiores, por lo que no eran responsables de los crímenes cometidos. "Befehl ist Befehl" (órdenes son órdenes), argumentaron.
Sin embargo, la Unión Soviética y los países aliados habían acordado en el Tratado de Londres que la "obediencia debida" no podía aplicarse a crímenes de guerra y crímenes contra la paz. Luego, los denominados "Principios de Nuremberg" ratificaron que actuar bajo las órdenes de un gobierno o de un superior no exime de la responsabilidad en materia de crímenes internacionales, "siempre que se demuestre que tenía la posibilidad de actuar de otra forma".
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En Argentina, por ejemplo, el Código de Justicia Militar aprobado en 1951 disponía, en su artículo 514 que "cuando se haya cometido delito por la ejecución de una orden del servicio, el superior que la hubiere dado será el único responsable".
El ejemplo de América Latina se extiende a Irlanda
En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) hizo desaparecer 30.000 personas que fueron asesinadas sin juicios ni procesos. Las víctimas eran secuestradas por grupos de tareas y llevadas a campos como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), u otras instalaciones policiales o militares, a lo largo de todo el país.
Esto provocó un amplio descontento en las filas armadas, que llevó a la rebelión de los "carapintadas" durante la Semana Santa de 1987.
Como resultado, Alfonsín aprobó, el 4 de junio de 1987, la Ley de Obediencia Debida, que establecía una presunción de derecho, es decir, que no admitía prueba en contrario, de que los delitos cometidos por soldados, oficiales o suboficiales por debajo de coronel no debían ser castigados por haber actuado bajo el concepto de la "obediencia debida".
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Esto, sumado el indulto dictado por el presidente Carlos Menem en 1990 a los altos mandos condenados en 1985, significó la impunidad para todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura.
En 2003, el Congreso argentino aprobó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, que paralizaban todas las causas contra represores. Desd eentonces, se iniciaron los juicios que, a octubre de 2017, habían permitido la condena de unos 818 exmilitares en 173 causas, en uno de los mayores procesos judiciales contra una dictadura de que se tenga memoria.
En Ciudad de México, un operativo policial en la discoteca New's Divine provocó una estampida en la que murieron 12 adolescentes y 16 resultaron heridos, en junio de 2008. La tragedia motivó un juicio en el que las autoridades policiales alegaron que los policías que intervinieron en el operativo habían cumplido órdenes y no debían ser responsabilizados por lo ocurrido.
