"Él ya está con la prisión preventiva decretada, ¿para qué perder tiempo dando explicaciones? Hablará más adelante, en el juicio", dijo el abogado Fernando Santana, según recoge el portal de noticias UOL.
En los últimos días se especulaba con la posibilidad de que al ser interrogados, los dos acusados aportaran informaciones sobre quién ordenó el crimen; el gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, habló incluso de darles beneficios penales en caso de que lo hicieran.
El Ministerio Público de Río de Janeiro pidió el bloqueo de bienes de esos dos expolicías alegando un informe del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), que detectó un depósito sospechoso de 100.000 reales (más de 26.000 dólares) en una cuenta bancaria del presunto asesino.
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El depósito se hizo en octubre del año pasado, siete meses después del crimen, y constituiría un indicio de que la ejecución de la concejala fue un encargo de una tercera persona.
Fue asesinada de varios tiros en la cabeza la noche del 14 de marzo de 2018 en el centro de Río de Janeiro, junto a Anderson Gomes, el conductor del vehículo en que viajaba.
El crimen causó una fuerte conmoción en el país, y un año después, familiares, políticos y organizaciones internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, exigen saber quién ordenó matar a la concejala y por qué motivo.
