"En relación con la declaración emitida por el señor Brunori, señalando que el presidente [Iván Duque] debe sancionar de inmediato y sin dilaciones la ley estatutaria que ha sido objetada, me permito aclarar de manera enfática que esa declaración no coincide con lo expresado por el secretario General [de la ONU, António Guterres] en la reunión que sostuvimos hace dos días con el canciller [colombiano, Carlos Trujillo]", dijo el diplomático.
El 14 de marzo, durante de la entrega del Informe Anual de la Alta Comisionada de ONU Derechos Humanos sobre Colombia para el 2018, en Bogotá, Brunori señaló que "la construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin dilaciones, del proyecto de la ley estatutaria de la JEP".
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Fernández de Soto y Trujillo se reunieron el pasado miércoles con Guterres en la sede de la ONU en Nueva York para explicarle la decisión tomada por Duque de objetar seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz).
Según el comunicado, Guterres "tomó nota de las explicaciones proporcionadas por Trujillo", pero recalcó que la adopción de la ley estatuaria garantizaría "los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de todas las partes interesadas".
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En la noche del 10 de marzo, en una alocución televisada, Duque anunció que su Gobierno objetó seis artículos de los 159 que componen la ley estatutaria de la JEP (tribunal de paz creado en los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron el conflicto) por considerarlos inconvenientes.
La ONU es garante del cumplimiento de los Acuerdos de Paz con la antigua guerrilla de las FARC (hoy convertida en partido político de izquierda), por lo que su Consejo de Seguridad hace seguimiento a los mismos.