"Todas las explicaciones, todas las precisiones sobre las objeciones que decidió hacer el presidente Iván Duque a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la JEP (Jurisdicción Especial de Paz) fueron muy bien recibidas por la señora fiscal de la CPI, Fatou Bensouda", dijo Trujillo en un video difundido por su despacho.
La CPI considera a la JEP como "el mecanismo clave de justicia de transición adoptado de conformidad con el Acuerdo de Paz", firmado entre el Gobierno y las antiguas FARC en noviembre de 2016.
"Observamos la importancia de que la JEP tenga un marco legal definido; de no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones", dijo en días pasados James Stewart, vicefiscal de la CPI, al defender el papel de ese tribunal, creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron el conflicto.
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En la noche del 10 de marzo, en una alocución televisada, Duque anunció que su Gobierno objetó los seis artículos por considerarlos inconvenientes.
La ley estatutaria es la norma que establece mecanismos claros a la JEP para que haga seguimiento a los casos relacionados con el conflicto armado y pueda evaluar si los comparecientes aportan a la verdad plena, a la reparación de las víctimas y ofrecen garantías de no repetición.
El anuncio de Duque del domingo 10 implica que la ley estatutaria sea revisada de nuevo por el Congreso, lo que retrasará aún más su implementación, pese a que la Corte Constitucional ya le dio su aval en 2018.
