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Siete niños indígenas colombianos han muerto este año por conflictos armados entre narcos

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BOGOTÁ (Sputnik) — Siete niños indígenas de Colombia han muerto en lo que va de 2019 en el resguardo indígena Uradá Jiguamiandó (Chocó, noroeste) por falta de atención médica, consecuencia de los enfrentamientos que se registran entre grupos armados ilegales que se disputan rutas del narcotráfico en la zona.

"Las autoridades indígenas de la Asociación Orewa alertamos y denunciamos que solo en lo que va de 2019, según información preliminar, siete infantes indígenas de comunidades ubicadas en el resguardo de Uradá Jiguamiandó han muerto por falta de atención médica, como consecuencia de los enfrentamientos armados que permanentemente azotan dicho territorio", indicó dicha asociación en un comunicado.

​Los indígenas sostienen que los niños murieron por brotes y diarrea y que la situación es de conocimiento de "las instituciones gubernamentales", que, sin embargo, no se han pronunciado.

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Al respecto, hicieron un llamado sobre la situación de las comunidades indígenas del pueblo Eyabida, en la Cuenca de río Jiguamiandó, la cual "debe encender las alarmas para que se lleven a cabo acciones urgentes que permitan una salida de fondo a las afectaciones" de esas poblaciones nativas.

"Estos sucesos ameritan una atención prioritaria si tenemos en cuenta que hace una semana eran cinco [los niños muertos]; hoy son siete, es decir que la cifra está aumentando a un ritmo vertiginoso con el transcurrir de cada día", advirtió la Asociación Orewa.

Asimismo, denunció que las comunidades indígenas de la región padecen otras afectaciones, como "muerte de niños indígenas menores de un año por desnutrición, paludismo y otras enfermedades propias del territorio", a lo cual se le suma la presencia de grupos armados que siembran minas antipersonales y que mantienen constantes enfrentamientos entre ellos.

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Esos hechos, subrayó la asociación, han derivado en confinamiento de las comunidades, desabastecimiento de alimentos y reclutamiento forzado.

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En ese sentido, hizo un llamado a los gobiernos central, departamental y municipal para que coordinen con las comunidades indígenas de la región la puesta en marcha de una misión de verificación, atención y seguimiento humanitario que a su vez cuente con una brigada de salud.

Las comunidades también piden en ese proceso el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) y de agencias humanitarias nacionales e internacionales.

Según las autoridades locales del municipio de Carmen del Darién, donde se encuentran asentadas esas comunidades indígenas, más de cinco mil personas permanecen confinadas por disputas entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo (disidencia paramilitar), que a su vez reúnen a más de dos mil hombres armados en esa región.

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