"El 27-O me puse a disposición del fiscal y del presidente del Tribunal Superior de Justicia por si debíamos detener al presidente y a los consejeros", declaró Trapero ante el Tribunal Supremo, donde este 14 de marzo compareció como testigo en el juicio del "procés", en el que son juzgados doce líderes independentistas.
En su comparecencia, Trapero, que es investigado en la Audiencia Nacional por la actuación de los Mossos en el proceso soberanista, intentó descargar al cuerpo policial de cualquier responsabilidad en el mismo, trasladándola por completo al Gobierno independentista.
De hecho, el exjefe del cuerpo catalán aseguró que entre los Mossos existía "malestar" ante el Gobierno catalán por su decisión de "impulsar" un "acto ilegal" como el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.
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Además, Trapero intentó desmontar el relato de las acusaciones, que atribuyen a los Mossos un papel de pasividad que dificultó las órdenes judiciales existentes para detener la consulta, declarada ilegal por la justicia española.
De hecho, Trapero reveló que la cúpula del cuerpo policial mantuvo dos reuniones con dirigentes del Gobierno catalán en los días 26 y 28 de septiembre, a las puertas del referéndum, para trasladar su disposición a cumplir las órdenes judiciales.
A la segunda de esas reuniones acudió el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, además del responsable de Interior, Joaquin Forn.
"En esa reunión reiteramos que el cuerpo debe cumplir las órdenes de la Fiscalía y les instamos al cumplimiento de la legalidad", explicó Trapero, que en todo momento se refirió a la consulta como "referéndum ilegal".
Además, el exjefe de Mossos trasladó a Puigdemont en esa reunión su preocupación por el mantenimiento del orden público ante la perspectiva de que el encuentro entre 2 millones de votantes y más de 10.000 policías generase "alteraciones graves" para la seguridad ciudadana.
Ante la exposición de estas preocupaciones, Carles Puigdemont –siempre según la versión de Trapero– instó al cuerpo policial a "hacer el trabajo que tuvieran que hacer", lo que implicaría que no hubo órdenes políticas para facilitar un referéndum, cuya convocatoria se mantuvo pese a la oposición de los Mossos.
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Desde el pasado 12 de febrero se celebra en el Tribunal Supremo el juicio contra doce líderes políticos y sociales del independentismo catalán, que afrontan distintas acusaciones por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
Para el resto de los acusados, las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del estado oscilan entre los 7 y los 17 años de prisión.
Por otro lado, la acusación popular, formulada por el partido ultraderechista Vox, considera que el independentismo catalán funcionó como una "organización criminal" y por ello solicita penas que van desde los 24 a los 74 años de prisión para todos los acusados.
