"La condena (por el asesinato de los campesinos de Pativilca) creo que se puede dar por hecha y sería cuestión de tiempo solamente", dijo Gamarra.
El jurista y catedrático representó a las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el paramilitar Grupo Colina, y por las cuales Fujimori fue condenado en 2009 a una pena de 25 años de prisión como autor mediato.
La masacre de La Cantuta fue el asesinato el 18 de julio de 1992 de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida popularmente como La Cantuta, también a manos del Grupo Colina.
El caso por el que podría ser condenado ahora el expresidente ocurrió en 1992 en Pativilca (norte de Lima) cuando integrantes del Grupo Colina dieron muerte a los seis campesinos.
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Gamarra observó que ese crimen se cometió el 29 de enero de 1992, en el lapso entre las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, mientras Fujimori controlaba al Grupo Colina.
"Si la culpabilidad de Fujimori fue probada en Barrios Altos y en La Cantuta, es lógico que en el medio de esos dos hechos (cuando se cometieron los asesinatos en Pativilca) Fujimori también tenía el control de la organización", explicó.
Además, "la imputación es la misma: autoría mediata a través del dominio del Grupo Colina", dijo.
No más años de prisión
Pero la condena no agravaría la situación de Fujimori en materia de encierro.
"Ahora las penas en Perú sí se pueden sumar. Lo que sucede es que los hechos (los asesinatos) se produjeron cuando esto no era posible, entonces la aplicación de una nueva condena no se le podría acumular (a Fujimori) porque violaría el principio que prohíbe la retroactividad de una ley", explicó el jurista.
A pesar de la aparente previsibilidad del desenlace del juicio a Fujimori, el abogado subrayó la importancia de que concluya.
"El sentido de este juicio es el derecho de las víctimas a justicia, el derecho a la verdad, a conocer qué pasó realmente", dijo.
Fujimori tiene pendiente otro juicio por el asesinato en 1992 de seis miembros de la familia Ventocilla en la provincia de Huacho (norte de Lima), también a manos del Grupo Colina.
La fiscalía pidió sumar esta causa a la de Pativilca, pues se trata del mismo tipo de delito y la misma presunta responsabilidad de Fujimori.
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Según Gamarra, las circunstancias son similares, pues los asesinatos de la familia Ventocilla se perpetraron el 24 de junio de 1992.
