"En 2016 el CEO de Apple pidió disculpas porque había algunos modelos que habían sido ralentizados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por un parche de software que ellos ponían remotamente le pedían a uno 'actualizar su teléfono para vivir mejor la experiencia de Apple' ", explicó en diálogo con Sputnik Stefan Larenas Riobó, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile.
La reacción de los usuarios fue seguir los consejos del fabricante pero en vez de mejorar la 'experiencia de Apple' vieron cómo sus aparatos se volvían lentos e inútiles. Habían quedado obsoletos. En especial las baterías, cuya vida útil se redujo a menos de un año. "Todo eso hacía que el teléfono no sirviera para lo que uno lo había adquirido".
En enero de este año el 23º Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda y la convirtió en el primer reclamo contra empresas de tecnología que practican deliberadamente la política de ralentizar sus dispositivos.
"No sabemos este proceso cuánto va a durar pero confiamos bastante en el éxito", destacó Larenas. En este sentido reconoció que el caso chileno está siendo seguido con mucha atención en la región, tanto por la propia Apple como por los afectados en todos países.
"Argentina va presentar una demanda pronto, los mexicanos la están estudiando, los peruanos y brasileños también",adelantó Larenas.
El presidente de Odecu dijo esperar que el juicio en su país contribuya para "abrir el debate local y en Latinoamérica en general por el tema de la obsolescencia programada que afecta a una serie de productos tecnológicos y existe una basura que no sabemos qué vamos a hacer con ella".
La demanda incluye los modelos iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 y 7 Plus, además del SE. Los acusados son Apple Chile, MacOnline y ReifStore. El objetivo de la causa es "cautelar el interés colectivo" de quienes compraron iPhones entre 2014 y 2017.
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Laenas contó que reclaman dos tipos de indemnización. Por un lado, que los teléfonos se reparen y en caso de no ser posible que se recompre el aparato al precio del mercado al momento de la sentencia. Y teniendo en cuenta que también hubo un perjuicio directo, "solicitamos una cifra bastante conservadora de 126.000 pesos chilenos (unos 200 dólares) por año y por usuario".
