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Parlamentario serbio dice tener pruebas del tráfico de órganos en Kosovo y espera el juicio

© Sputnik / Дејан СимићMilovan Drecun da una entrevista a Sputnik
Milovan Drecun da una entrevista a Sputnik - Sputnik Mundo
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Sigue sin conocerse el paradero de 1.658 de las aproximadamente 5.800 personas desaparecidas desde 1998 durante el conflicto armado de Kosovo y Metohija. Estos son los datos de la Comisión sobre Personas Desaparecidas del Gobierno de Serbia.

Del número total de desaparecidos, al menos 540 son serbios. Las autoridades serbias afirman que los secuestros en Kosovo comenzaron en 1998, con víctimas civiles principalmente serbias y otras no albanesas.

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La Corte Internacional Especial de Justicia y la Fiscalía Especial para los delitos cometidos en Kosovo se establecieron con fines de investigación en 1998-1999, pero no empezaron a trabajar hasta julio de 2017.

El punto de partida de las investigaciones fue el informe de 2010 del Representante Especial del Consejo de Europa, Dick Marty, sobre los crímenes del Ejército de Liberación de Kosovo —organización terrorista albano-kosovar que pretendía la independencia de Kosovo de Yugoslavia y, posteriormente, de Serbia en la década de los 90​—.

Entre los delitos más graves cometidos por los terroristas están el tráfico de drogas, el secuestro y el tráfico de órganos humanos. El fiscal especial sobre Kosovo, Jack Smith, visitó Pristina —ciudad principal de Kosovo— a finales de octubre del 2018, pero hasta ahora no se han presentado cargos concretos. Sputnik habló con el presidente del Comité sobre Kosovo y Metohija del Parlamento serbio, Milovan Drecun.

— ¿Qué datos sobre las personas desaparecidas tiene el grupo de trabajo de su comisión parlamentaria sobre los crímenes en Kosovo y Metohija?

— Nuestro grupo de trabajo creó una base de datos unificada sobre los crímenes cometidos por el Ejército de Liberación de Kosovo en 1998-1999 y 2000. Sin embargo, tras la llegada de las fuerzas internacionales a Kosovo a mediados de 1999, nuestras autoridades se vieron limitadas en el registro de delitos y pruebas.

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Sin embargo, hemos recopilado una base de datos única sistematizada por áreas de responsabilidad y por tipo de delito: asesinato, tortura, privación ilegal de libertad, violación. Así, el tráfico ilegal de órganos está en el ámbito de nuestra atención.

Ya hemos publicado varios informes que recibimos de misiones internacionales. Estamos hablando de los datos preliminares recogidos por la misión de la UNMIK y sus unidades —se trata de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, la administración provisional por parte de la ONU del territorio en disputa de Kosovo—.

Por ejemplo, hay un informe sobre la inspección de un lugar al sur de Burrel (Albania) por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, donde se encontraron restos de sangre. También se encontraron otras pruebas —platos e instrumentos médicos— del tráfico de órganos.

También tenemos un informe de una reunión entre el jefe de la Oficina del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en Pristina y Skopie (Macedonia del Norte) y el director de la Oficina de Justicia de la Misión de Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), donde se mencionó el tráfico de órganos.

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Contiene información clasificada y habla sobre varios testigos albaneses, nombrados solo con números, que contaron en detalle la forma en la que participaron en el tráfico de órganos. Creo que estos son materiales muy valiosos que indican directamente la participación de muchos. Incluidas las autoridades albanesas, en cuyo territorio estaba ocurriendo el crimen, los servicios de seguridad y los agentes de policía albaneses.

Entre los participantes del delito en una u otra medida hay miembros del clan del actual primer ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, personas cercanas al presidente de la autoproclamada república, Hashim Thaci, los entonces líderes de Albania y sus servicios de seguridad. Por ejemplo, Bashkim Gazidede, exjefe albanés de seguridad.

Nuestro grupo de trabajo ha realizado una gran labor, pero las manos del Estado serbio están atadas de muchas maneras. No podemos realizar investigaciones en Albania ni en Kosovo y Metohija para obtener nuevos datos.

— ¿Ha compartido usted los datos recopilados con organismos internacionales, incluido el Tribunal Especial para los Crímenes en Kosovo, y cuál es el destino de esos materiales?

— Hemos establecido contacto con la Fiscalía Especial que puede presentar cargos contra los terroristas por crímenes cometidos en Kosovo y Metohija. Hemos comenzado a cooperar con ellos con la intención de ayudar a establecer la verdad y llevar a los autores del crimen ante la justicia.

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El problema es que la Fiscalía Especial y el propio Tribunal Especial se basan en leyes aprobadas en Pristina por un Estado ilegal (Kosovo) que Serbia no reconoce, por lo que la cooperación se dificulta. Ahora tenemos que encontrar un modelo jurídico para la colaboración con la Oficina del Fiscal Especial, muy probablemente a través de los mecanismos de la UE.

Nuestro principal interés es contar con una cantidad máxima de datos para tener una influencia lo suficientemente fuerte como para asegurar que la Fiscalía Especial no se niegue a presentar cargos contra los terroristas. Les proporcionamos una base de datos y documentos hallados en la sede del Ejército de Liberación de Kosovo en 1998—1999. De este modo, se puede recrear la estructura organizativa y establecer quién ocupó qué puesto en la cadena de mando.

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Esto es fundamental para determinar la responsabilidad del mando, ya que la Fiscalía Especial debe presentar cargos tanto contra los autores directos de los crímenes como contra quienes los ordenaron. Los antiguos dirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo —Thaci, el ex primer ministro de Kosovo, Agim Ceku, los comandantes de las brigadas— también deben ser acusados. Por lo tanto, Haradinaj no puede estar seguro de que no estará entre los acusados, a pesar de que ya ha sido absuelto por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY).

Hemos mostrado claramente la gravedad y magnitud de los crímenes cometidos, y la Fiscalía Especial se mostró muy satisfecha con lo que les mostramos. Por supuesto, no hemos entregado las pruebas que tenemos. Podemos hacerlo una vez que hayamos determinado el fundamento jurídico de la cooperación.

— ¿Hay algún plazo para que se presenten los primeros cargos?

— Se han formado grupos especiales de jueces y la Fiscalía Especial ha estado trabajando durante años. Los abogados defensores han sido nombrados, su lista ha sido formada, así como los abogados de los demandantes. A diferencia del TPIY, los intereses de los demandantes no estarán representados por fiscales, sino por abogados.

Las condiciones formales han sido creadas, la Unión Europea ha designado fondos y el tribunal no está ubicado en Kosovo. En este sentido, se dan todas las condiciones formales y ahora se esperan las acusaciones.

Lo que puedo decirles de nuestros contactos con la Fiscalía Especial es que nos encontramos ahora en una fase crucial en la que deciden si presentan cargos o los retiran. Esto depende principalmente de la cantidad y calidad de las pruebas reunidas sobre los delitos cometidos. En cualquier caso, nos estamos acercando a la fase final del proceso.

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