"La JEP solicita al gobernador de Antioquia (Luis Pérez), a EPM (Empresas Públicas de Medellín, propietaria de Hidroituango) y a la empresa Socya (que promueve el desarrollo humano sostenible) entregar información sobre búsqueda de personas desaparecidas en municipios aledaños al proyecto Hidroituango", indicó el tribunal en un comunicado.
Asimismo, solicitó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, "información sobre búsqueda de personas desaparecidas en esa ciudad, en especial en la comuna 13", uno de los suburbios más violentos de esa ciudad.
La solicitud fue hecha a través de un auto que ordena 24 acciones para que sean cumplidas por alcaldes, defensores regionales, funcionarios de la Fiscalía, gobernadores y representantes de empresas, tras la sospecha de que en 16 poblaciones de Antioquia existen fosas comunes con restos de posibles víctimas de desaparición forzada.
En el caso de Hidroituango, la JEP le dio diez días de plazo al gobernador Pérez Gutiérrez para que remita "el contrato celebrado y demás documentos relacionados con la fundación Socya, que a partir del contrato celebrado con EPM y con la Fiscalía General de la Nación se encargó de ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para el proyecto de Hidroituango".
Según el comunicado de la JEP, Pérez Martínez deberá entregar "un informe detallado y por escrito acerca de las acciones realizadas para la determinación de los lugares donde probablemente se encontraban cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada" y la metodología establecida para esa búsqueda.
En abril del año pasado ocurrió el derrumbe de varios túneles de desviación de aguas, lo que derivó en una emergencia para al menos doce municipios de su área vecina ante el represamiento del río Cauca (uno de los más caudalosos de Colombia) en la parte alta del embalse.
Se preveía que la represa estaría lista a fines de 2018.
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El derrumbe obligó a la evacuación de al menos 120.000 personas, quienes regresaron paulatinamente a sus viviendas; sin embargo, en febrero pasado fueron alertadas de nuevo ante pruebas de resistencia hechas a la represa.
Varias agrupaciones sociales de Antioquia, entre ellas el Movimiento Ríos Vivos, sostienen que varios líderes sociales que se oponían a la construcción de la hidroeléctrica fueron asesinados, y que durante el desarrollo de la obra varias regiones en las que se preveía había fosas comunes de víctimas del paramilitarismo fueron inundadas, lo que impedirá que se hallen los restos.
