"Capturado fiscal Carlos J. Bermeo de JEP junto con cuatro personas más, incluido el exsenador Luis A. Gil, en operativo adelantado en dos hoteles en norte de Bogotá, en momento en que recibían 500.000 dólares a cambio de oferta para incidir en trámite de extradición de Zeuxis Hernández", informó la Fiscalía General de Colombia a través de la red social Twitter.
#ATENCIÓN capturado fiscal Carlos J. Bermeo de JEP junto con 4 personas más incluido el exsenador Luis A. Gil, en operativo adelantado en 2 hoteles norte de Btá., en momento en que recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en trámite extradición de Zeuxis Hernández
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 1, 2019
Santrich, uno de los negociadores del acuerdo de paz, fue detenido el 9 de abril de 2018 en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia de EEUU.
Esos hechos habrían ocurrido entre junio de 2017 hasta abril pasado, es decir, después de la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, por lo que lo habría incumplido y puede ser objeto de extradición.
Sin embargo, el 23 de octubre de 2018 la Secretaría Ejecutiva de la JEP le solicitó al Gobierno de EEUU, por medio de una carta rogatoria, que entregue el material probatorio contra Santrich, con el fin de definir sobre la extradición del exguerrillero.
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EEUU ha dicho a la JEP que el tratado de extradición vigente con Colombia no lo obliga a entregar todos los elementos del expediente y que esa práctica no es habitual.
Carta de EEUU
El 1 de marzo los medios de comunicación locales divulgaron una carta del Departamento de Justicia de EEUU, con fecha del martes, en la cual ese organismo notificó de manera oficial a la JEP que la entrega de pruebas en el caso contra Santrich "no corresponde con su práctica judicial".
La JEP pidió a EEUU nueve grabaciones realizadas entre el 10 de julio de 2017 y el 13 de febrero de 2018 para tener más elementos de juicio sobre la fecha de la supuesta comisión de los hechos por parte de Santrich y, con base en ellas, determinar si niega la extradición del exguerrillero o remite el caso a la justicia ordinaria.
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El tribunal de paz colombiano fue creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron el conflicto armado, por lo que los casos de los excombatientes de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), incluido Santrich, dependen de esa jurisdicción.
Por su parte, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (partido político de izquierda formado por exintegrantes de la exguerrilla FARC) afirma que dicho pedido es un montaje entre el fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, y el Gobierno de EEUU para afectar el acuerdo de paz y llevar a cárceles de ese país a líderes de la antigua guerrilla.
Se prevé que antes de que termine marzo se tome una decisión respecto de la extradición de Santrich, quien desde abril permanece en la cárcel La Picota, de Bogotá.
Santrich aún es congresista
El 1 de marzo también se conoció una decisión del Consejo de Estado de Colombia mediante la cual ese organismo ratificó a Santrich su investidura como congresista y negó la demanda para que la perdiera que había solicitado el Congreso tras argumentar abandono del cargo.
Según la decisión del Consejo de Estado, Santrich no quedará inhabilitado de por vida para ocupar cargos de elección popular, por lo que mantiene su curul en el Congreso, la cual solo podrá ocupar cuando se encuentre en condiciones físicas óptimas y recobre su libertad.