"Asumiendo las consecuencias, me gustaría expresar que, frente a la extrema derecha, y a un partido machista, no aceptaré contestar a las preguntas", dijo Eulalia Reguant, exdiputada de la CUP y actual concejal en el Ayuntamiento de Barcelona.
Por su parte, Antonio Baños, que encabezó la candidatura de la CUP a las elecciones catalanas de septiembre de 2015, se negó a responder "por dignidad democrática y antifascista".
"Su dignidad democrática no está condicionada por la posibilidad de poner en nuestro conocimiento elementos relacionados con el esclarecimiento de los hechos", le respondió el presidente de la sala, Manuel Marchena.
Los dos exdiputados estaban citados como testigos, por lo que legalmente tenían la obligación de responder a las preguntas de las partes.
Tras su negativa a responder a la acusación popular, Marchena les denegó a ambos la posibilidad de responder a las cuestiones planteadas por el resto de las defensas al entender que, de hacerlo, no se podría producir "contradicción" entre los relatos de ambas partes.
En consecuencia, Marchena, que protagonizó una breve discusión con Baños, pidió a los dos diputados abandonar la sala, recordándoles que el tribunal "tomará constancia de su negativa" y "deducirá testimonio ante un juzgado de guardia por las posibles responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir" por su actuación.
La acusación popular es una figura controvertida dentro del ordenamiento jurídico español.
La Constitución Española otorga a cualquier ciudadano u organización la posibilidad de personarse en un proceso judicial penal aunque no se haya visto afectado directamente, siempre y cuando la causa sea relativa a delitos perseguibles de oficio.
Los representantes públicos piden penas que oscilan entre los 7 y los 25 años de prisión por distintos delitos de rebelión, sedición, malversación o desobediencia atribuidos en distinto grado a los doce acusados.
Por su parte, Vox considera que los doce acusados, además de los delitos mencionados, también se constituyeron como una "organización criminal", por lo que pide penas que oscilan entre los 24 y los 74 años de prisión.
Más aquí: 'Procés' catalán: ¿imaginario colectivo o realidad latente?
En la primera semana del juicio, los acusados eligieron no responder a las preguntas de Vox, una posibilidad que no está en disposición de los ciudadanos reclamados para prestar prueba testifical, sobre los que recae la obligación de responder a todas las preguntas diciendo la verdad.
