"Hay nuevas esperanzas porque vemos un enfoque diferente del representante del Gobierno (el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración), Alejandro Encinas; en muchos años las familias no hemos tenido una interlocución como la que tenemos ahora", dijo la mujer, quien junto con su madre busca a su hermano Jhonit, desaparecido desde 2015.
El puerto industrial petrolero de Coatzacoalcos (estado de Veracruz, este) está enclavado en la ruta que recorre las costas del Golfo de México hasta EEUU, por donde la delincuencia organizada trafica drogas, contrabando y personas.
Los protocolos de investigaciones, que fueron casi nulos durante el mandato del exgobernador veracruzano César Duarte (2010-2016), encarcelado por un multimillonario peculado, "son perfectibles y participaremos en nuevas búsquedas, con el nuevo sistema que también se va implementar en Veracruz", adelantó Enriquez.
El nuevo Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido que "nunca más se va a utilizar la fuerza ni a declarar la guerra para enfrentar problemas de inseguridad".
Compañeras en el camino y un hallazgo
La vida de Enriquez dio un vuelco inesperado en mayo del 2015, cuando su hermano desapareció.
En el calvario de su búsqueda la mujer encontró a otras madres y hermanas con quienes formó el colectivo que reclama el paradero de decenas de personas, que se integró al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
"El colectivo presenta casos de 27 familias que sufren desapariciones forzadas y personas no localizadas, desde 2015 a la fecha, el último caso ocurrió en abril de 2018", explicó Enriquez.
"El Colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos surgió en 2015 como consecuencia de las desapariciones colectivas de personas en el mes de mayo", cuando alrededor de diez jóvenes fueron secuestrados, incluido su hermano, relató la mujer.
Las desapariciones forzadas, con participación de agentes del Estado, ocurrieron el 11 y 12 de mayo.
"Descubrimos que fue consecuencia de un operativo de la secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, encabezada por Arturo Bermúdez Zurita", afirmó Enriquez.
Los datos que fueron configurando ese hallazgo surgieron de diligencias ante la fiscalía y el ministerio público, pero gracias a su propio esfuerzo.
"Las familias nos encontramos en ese espacio y decidimos salir unidas a tocar más puertas", afirmó la mujer.
El 25 de septiembre de 2015 sucedió otro secuestro masivo en el puerto.
En esa ocasión "los secuestros aumentaron a 30 jóvenes, con el mismo modus operandi, en una acción encabezada por el mismo jefe de Seguridad Pública, Bermudez Zurita, durante el gobierno de Duarte", explicó.
"Es una fuerza diferente visible, tienen uniformes de colores caqui y verde militar, tipo camuflaje, como una fuerza militarizada, diferente del uniforme de la policía estatal, que es azul", describió Enriquez.
Cuando se le pregunta de donde surgen todas las sospechas sobre esa fuerza policial y su jefe, la integrante del colectivo de madres, responde tajante: "No es una sospecha, está confirmado, en los últimos tres años nos hemos empeñado en demostrarle al Gobierno que fueron sus policías quienes ejecutaron las desapariciones".
"Encontramos las evidencias, poco a poco, en los registros telefónicos, en vídeos de casas cercanas, en personas que fuimos convenciendo, en pesquisas propias, ha sido un proceso que hemos hecho todas, en conjunto, que le dio sentido a los datos dispersos que la fiscalía nos ha entregado; las familias fuimos encontrando las herramientas probatorias", confió la mujer.
Un hallazgo especial surgió durante una manifestación de madres y familiares para bloquear una carretera federal, que conecta con la zona industrial de Coatzacoalcos.
En ese punto encararon a la fuerza civil, donde un agente se acercó a decirle a una madre: "no fuimos nosotros".
Frente a ese trabajo perseverante de los colectivos en todo el país, fue removido el antiguo Comisionado de Búsqueda federal, "cuya empatía fue nula".
Con la nueva administración de López Obrador, las familias pudieron opinar y dar su versión en foros, "desde el punto de vista de las víctimas", destacó la mujer.
La nueva comisionada, Carla Quintana, fue designada hace dos semanas, y logró un voto de confianza de las familias.
"Ella está en la etapa de recepción del cargo, nosotras seguiremos haciendo la búsqueda, que tal vez no está en la cancha de la fiscalía federal de investigaciones; pero vamos por la búsqueda en campo, en cárceles, en vida, no solo desde los escritorios, sino en fosas clandestinas y predios escondidos", detalló.
En los últimos 12 años 40.000 personas desparecieron, hay más de 1.100 fosas clandestinas y 26.000 cuerpos de fallecidos sin identificar, que configuran una "crisis humanitaria", según lo definió el nuevo Gobierno.
