"La declaración del fiscal Stewart ni menciona el trámite de la ley estatutaria ni mucho menos le pide al presidente que la sancione; simplemente se limita a poner de manifiesto la importancia de que la JEP (Jurisdicción Especial de Paz) tenga un marco legal definido", dijo Quintana en un video difundido a la prensa por la Cancillería de Colombia.
El 20 de febrero, Stewart señaló en un mensaje que de no ser sancionada la ley, "podría constituir un revés" y la CPI tendría que "considerar sus implicaciones".
Varios sectores políticos de Colombia se oponen a que Duque avale la ley estatuaria, entre ellos el senador y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), máximo líder del partido oficialista Centro Democrático, al cual pertenece Duque.
Asimismo, se opone el fiscal General de la Nación, Néstor Martínez, quien en una carta enviada al jefe de Estado el pasado lunes señaló que la ley estatutaria permitiría que no sean excluidos de ese tribunal los reinsertados de la exguerilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que después de la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 cometan nuevos delitos como secuestro, narcotráfico, extorsión, delitos sexuales y homicidio.
Al respecto, el embajador ante los Países Bajos, donde tiene sede la CPI, manifestó que ese tribunal ni comparte ni rechaza esas preocupaciones.
"La Fiscalía de la Corte Penal Internacional no se pronuncia ni a favor ni en contra, simplemente registra que existe y dice que la Fiscalía General y la JEP puedan trabajar juntas; ese es el contexto que se habla de la conveniencia de tener un marco legal definido para la JEP", indicó Quintana.
Por último, subrayó que con las declaraciones de Stewart, la CPI no busca interferir en procesos legislativos de Colombia.
El 19 de febrero el Gobierno colombiano anunció que evalúa la posibilidad de presentar algunas objeciones a la ley estatuaria de la JEP, tribunal de paz creado en los diálogos de La Habana mediante el cual se juzgan a excombatientes de FARC, militares y terceros que financiaron el conflicto armado interno en el país.
En la actualidad más de 13.465 comparecientes, entre miembros de la exguerrilla de las FARC y la Fuerza Pública, han firmado actas con la JEP y de estos, en su mayoría, han recibido algún tipo de beneficio penal, entre los que se destacan las libertades transitorias o anticipadas.
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La ley estatutaria de la JEP establece mecanismos claros para hacer seguimiento a estos beneficios y evaluar si el compareciente ha aportado a la verdad plena, reparado a las víctimas y ha garantizado la no repetición.
Pese a que la Corte Constitucional ya estudió la ley y le dio su aval en 2018, la misma aún no entra en funcionamiento debido a que Duque no la ha sancionado y ha dicho que se tomará hasta el 8 de marzo para tomar una decisión.
