Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) "indican que alrededor de 8 millones 726.375 personas se han visto obligadas a abandonar su lugar de residencia para protegerse de la delincuencia entre 2011 y 2017".
El Estado de México (centro) es el que lidera en las cifras con más desplazados con un 18 por ciento, seguido de Jalisco (oeste), Veracruz (este), Guanajuato (centro), Nuevo León (noreste) y Michoacán (oeste).
En todos los casos documentados, "las autoridades gubernamentales han fallado en la procuración de Justicia para la población desplazada, así como en la identificación y atención efectiva de las afectaciones e impactos derivados del desplazamiento en los diferentes ámbitos que constituyen la vida de las personas", según el informe.
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Esas mediciones oficiales incluyen preguntas que permiten identificar a personas que fueron forzadas a cambiar de lugar de residencia dentro del país, por motivo de "inseguridad pública", "inseguridad pública o violencia", así como para "protegerse de la delincuencia", evidenciando de manera indirecta la presencia del fenómeno en el país.
El informe cualitativo integra el análisis de un total de 104 personas en situación de desplazamiento interno forzado, de cinco estados noroeste, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Nayarit.
También contiene la información legislativa, artículos académicos, entre otros documentos, ante la carencia de estudios oficiales específicos sobre la materia.
Además de los desplazados por la violencia y el crimen organizado, en los últimos 12 años han muerto más de 200.000 personas, están desaparecidas 40.000, hay 28.000 cadáveres sin identificar y más de 1.100 fosas clandestinas, según cifras de la secretaría de Gobernación de este año.