"Nuestro Gobierno está analizando la posibilidad de unas objeciones", dijo el alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, durante una audiencia en las Comisiones de Paz del Congreso de la República, según informó su despacho.
En la actualidad más de 13.465 comparecientes, entre miembros de la exguerrilla de las FARC y la Fuerza Pública, han firmado actas con la JEP y de estos, en su mayoría, han recibido algún tipo de beneficio penal, entre los que se destacan las libertades transitorias o anticipadas.
La ley estatutaria de la JEP establece mecanismos claros para hacer seguimiento a estos beneficios y evaluar si el compareciente ha aportado a la verdad plena, reparado a las víctimas y ha garantizado la no repetición.
Pese a que la Corte Constitucional ya estudió la ley y le dio su aval en 2018, la misma aún no entra en funcionamiento debido a que Duque no la ha sancionado y ha dicho que se tomará hasta el 8 de marzo (día en el que vencen los 20 días de plazo) para tomar una decisión.
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"Bueno que objeten la JEP, mejor eliminarla", escribió este martes Uribe en su cuenta de Twitter.
A su turno, el excandidato presidencial y senador de izquierda Gustavo Petro indicó en esa misma red social que "la posición de Álvaro Uribe exigiendo a Duque que no firme la ley que aprobó el Congreso y el estudio de la Corte Constitucional sobre la Justicia Especial para la Paz tiene un objetivo: que no se conozca la verdad sobre el genocidio paramilitar que él ayudo a desencadenar".
Mientras, el fiscal General de la Nación, Néstor Martínez, también manifestó reparos a ley estatutaria en una carta que envió el lunes a Duque.
Según Martínez, la ley estatutaria de la JEP permitiría que no sean excluidos de ese tribunal los reinsertados que después de la firma del Acuerdo de Paz (en noviembre de 2016) cometan nuevos delitos como secuestro, narcotráfico, extorsión, delitos sexuales y homicidio.
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Al respecto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, confirmó este martes que los reparos presentados por Martínez a la ley estatuaria de la JEP hacen parte del análisis que realiza el Gobierno.
"Son nuevos elementos para ser considerados en el estudio de este tema", manifestó, según declaraciones difundidas por su despacho.
El lunes, a través de una misiva, 227 organizaciones sociales pidieron a Duque que firme la ley, ya que de no hacerlo quedarían congelados varios procesos que se han iniciado en la JEP, lo que, a su juicio, generaría impunidad y no reparación para las víctimas.
