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Asesor de DDHH denuncia secuestro de dos líderes indígenas en México

© Sputnik / Eliana GiletChilpancingo, Guerrero. Miembro de la cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se retira de las fosas clandestinas al terminar la luz del día.
Chilpancingo, Guerrero. Miembro de la cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se retira de las fosas clandestinas al terminar la luz del día. - Sputnik Mundo
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Dos líderes indígenas, que habían sido amenazados de muerte, fueron secuestrados el 12 de febrero en una carretera hacia la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, en el sur de México, dijo a Sputnik el sacerdote Alejandro Solalinde.

"Sucedió lo que tenía que suceder, secuestraron a Hilario Cornelio Castro y a Otilia Eugenio Manuel, y no hemos sabido nada de ellos desde ayer a las 7:30 de la mañana [13:30 GMT]", dijo vía telefónica el líder religioso, asesor gubernamental en materia migratoria y de derechos humanos.

Desde el fin de semana pasado, "Otilia pidió auxilio y he hecho un llamado a las autoridades para que investiguen de inmediato y busquen a esas personas, porque cada vez que se tarden, más corre peligro su vida", indicó el líder religioso.

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Solalinde afirmó a esta agencia que estaba entrando a una reunión con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en la cartera federal de Gobernación, encargada de la política interior del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estoy a punto de entrar a la secretaría de Gobernación, entre otras cosas, voy a plantear la urgencia de medias cautelares y otros temas relacionados con la migración", adelantó el sacerdote católico de 73 años.

Solalinde fue galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos, en el año 2012, por su trabajo con migrantes.

Una cadena de amenazas

Los activistas sociales pertenecen a la Organización de Pueblos Indígenas Mehepas (OPIM), del municipio Ayutla de los Libres del estado de Guerrero, con costas al Pacífico, azotado por el crimen organizado, sobre todo en la zona de la montaña.

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La pista de los dirigentes se perdió en el tramo carretero de Tierra Colorada, localidad de Ocotito, cuando se dirigían a la capital de la provincia sureña.

Otilia Eugenio Manuel ya contaba con medidas cautelares de urgencia por parte del Gobierno estatal de Guerrero por su trabajo social con la OPIM, y los dos secuestrados habían recibido varias amenazas de muerte.

Además, desde 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano garantizar la seguridad de la dirigente indígena de la etnia mehepa, ante amenazas sistémicas por su labor en defensa de los derechos humanos.

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La dirigente es, además, integrante del Consejo de Autoridades Comunitarias de Ayutla, en la región costera de Guerrero, habitada por comunidades indígenas mephas, nahuas, mixtecos y tlapanecos.

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También fue una de las principales impulsoras de acciones legales que emprendió en instancias internacionales contra el Ejército mexicano por el caso de la violación sexual contra Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, en febrero y marzo de 2002, en los municipios de Ayutla de los Libres y Acatepec, en el estado de Guerrero.

Tras 16 años de lucha, ese caso desembocó en la primera sentencia en la historia de México que determinó una responsabilidad penal del Ejército sobre la base de una sentencia anterior dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Según el religioso, las víctimas abordaron un taxi colectivo para dirigirse a la capital de Guerrero y desaparecieron en una ruta de la carretera federal hacia el puerto de Acapulco.

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Según el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, grupos armados de autodefensas vinculados con el narcotráfico operan en esa zona y mantienen retenes desde la localidad de Tierra Colorada hasta Chilpancingo.

En junio de 2016, el gobernador Astudillo se reunió con integrantes de la OPIM, encabezados por Otilia Eugenio Manuel, cuando ofreció ayuda económica para las comunidades indígenas del municipio de Ayutla.

Entre las medidas cautelares para proteger a la dirigente indígena, un grupo de agentes de la Policía de Guerrero fueron asignados como escoltas por las amenazas de muerte que se intensificaron en noviembre pasado.

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