No existe regulación internacional en la materia y las iniciativas para delimitar el campo de acción o establecer protocolos, son llevadas a cabo por las propias empresas. Esto determina que no sean vinculantes y por tanto romper esas normas no tiene consecuencia alguna.
Los reclamos de organizaciones sociales en todo el mundo buscan colocar en la agenda esta realidad, que no es nueva y tiene a los llamados mercenarios como su origen más primitivo, pero que cada vez preocupa más.
"El proceso de securitización que se está dando en el mundo implica que servicios que tradicional e históricamente han estado vinculados a un papel estatal se están pasando a un poder privado en mano de multinacionales, con lo que eso conlleva en el desconocimiento de los derechos humanos y los derechos fundamentales", dijo a Sputnik Carlos Díaz, investigador del Instituto Internacional para la Acción Noviolenta, para el proyecto Shock Monitor.
En este sentido destacó que las invasiones a Irak y Afganistán fueron el momento histórico que "marcó a inicios del siglo XXI el principio de la grandes transferencias de servicios de seguridad" en conflicto armados desde los Ejércitos regulares a los privados.
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En aquel entonces la estadounidense BlackWater fue la responsable de marcar tendencia, y desde entonces acumula denuncias y juicios por violación a lo derechos humanos de las víctimas o de los propios familiares de sus empleados muertos o heridos en acción. Lo mismo pasa con la pionera en el rubro, la inglesa G4S, que con más de 100 años de historia y presencia en 120 países ha llevado a cabo diversas medidas "para lavar la imagen", apuntó Díaz.
La firma inglesa controla centros de detención de migrantes en acuerdo con Reino Unido, como así también cárceles para palestinos en Israel, país que también le encargó tareas de seguridad para empresas y viviendas dentro de los territorios ocupados de Cisjordania.
"En los últimos años ha habido un cambio de paradigma en temas de securitización: se ha pasado de concebir la seguridad como un concepto que tiene que ser defendido a nivel estatal y ahora se ha diversificado a elementos privados como estas multinacionales. Es un riesgo grande porque es patente la muy débil regulación del sector", concluye Díaz.
Guerras, logística, abastecimiento, seguridad interior, protección de proyectos extractivistas y custodia de infraestructura física son algunos de los negocios más lucrativos de esta empresas, que operan en todo el mundo gracias a los contratos con Estados que les delegan estas tareas.
