El imponente edificio que alberga a la Cámara Federal de Casación Penal en la calle Comodoro Py, en la zona de Retiro, cerca del puerto de la capital argentina, es el lugar donde se llevan adelante las principales causas de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas. También se volvió, según sus trabajadores, "un foco de infección" y un "símbolo de la desinversión".
Simultáneo a la normalización de las actividades en los tribunales a comienzos de febrero, una cloaca tapada provocó una grave inundación en la planta baja del edificio que mojó documentación almacenada y causó un cortocircuito y principio de incendio, por lo que se suspendió la corriente eléctrica y también dejó de haber agua.
Los empleados habían demandado al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que extendiera las vacaciones judiciales hasta que la salubridad fuera restituida.
"Son muchos años de desinversión. La Justicia, como todo el sector público en su totalidad, es de buena calidad gracias a la vocación de sus trabajadores, al perfeccionamiento que cada uno hace para brindar un mejor servicio", lamentó Volcovinsky.
"No hay ningún recurso destinado al mejoramiento. Se trabaja en condiciones deplorables, impensadas: instalaciones eléctricas que no habilitan que haya suficiente calefacción ni refrigeración, edificios de una época en la que éramos 20 millones de habitantes; tenemos expedientes colgando del techo, prácticamente", agregó.
Paro y movilizaciones
No solo los servicios están en condiciones lamentables. Los empleados del Poder Judicial también exigen el último tramo de aumentos salariales correspondiente a 2018, un 10% que debería haber entrado en efecto en diciembre pero que fue ratificado para marzo de 2019, cuando la inflación de 2018 fue de casi 50%, lo cual devoró el poder adquisitivo de los salarios.
Los judiciales también rechazan pagar el impuesto a las Ganancias. "El mínimo no imponible debería ser, como ocurre en la región, si lo calculamos en pesos, de alrededor de 150.000 o 200.000 (4.000 a 5.000 dólares), no de 38.000 (1.000 dólares). Si la canasta básica para una familia en Buenos Aires está arriba de los 50.000 pesos y le viene solamente de gas una boleta de 5.000 pesos, ¿dónde está la ganancia para un asalariado?", dijo la representante de la UEJP.
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Volcovinsky se refiere al proyecto del oficialismo que busca incorporar a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial en el régimen de impuesto a las Ganancias, hoy exemptos. En 2016, la Corte Suprema determinó que se grave únicamente a quienes empiecen a trabajar a partir de 2017.
Frente a esta situación de decadencia generalizada y de salarios exiguos, los empleados realizaron el jueves 7 de febrero una movilización desde la sede gremial hasta el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, y extendieron el paro durante el viernes. No descartan nuevas medidas en los próximos días.
