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Bolivia decidirá en 120 días sobre solicitud de asilo de dos exautoridades ecuatorianas

© Foto : Juan_AlvaroEscudo de Bolivia en el Palacio de Gobierno
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LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia decidirá en un plazo de 120 días sobre la solicitud de asilo presentada por dos exautoridades de Ecuador, que enfrentan procesos judiciales en su país y alegan que en realidad son perseguidos políticos, informó el canciller Diego Pary, consignan medios locales.

"Hemos recibido en la secretaría general de Conare (Comisión Nacional del Refugiado) la solicitud de estos dos ciudadanos ecuatorianos y Conare tiene 120 días para poder procesar el tema, analizar y recabar toda la información que sea necesaria", dijo la autoridad a periodistas, reportó la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).

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La Comisión Nacional del Refugiado está conformada por representantes de tres ministerios bolivianos, con colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Los ecuatorianos solicitantes de asilo, que llegaron a Bolivia supuestamente a fines de enero pasado según medios locales, son Carlos Ochoa el exsuperintendente de Comunicación del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y la exasambleísta (parlamentaria) Sofía Espín, confirmó Pary.

El canciller no precisó desde cuándo corre el plazo de 120 días, aunque aseguró que los miembros de la Conare examinarán la documentación enviada por la justicia ecuatoriana sobre los cargos penales que enfrentan las dos exautoridades.

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Ochoa fue acusado de supuesta falsificación de documento y uso de documento falso por hacer una corrección a una disposición transitoria en un texto de la Ley Orgánica de Comunicación, que le permitió sancionar a 11 radios.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia dijo la semana pasada en un comunicado que Ochoa no debería ser beneficiado con el rango de refugiado "por violar la libertad de expresión y perseguir duramente a periodista en ecuatorianos", acotó el reporte de la agencia estatal.

Espín fue destituida el año pasado como por presunto ofrecimiento de tráfico de influencias a una testigo protegida de la Fiscalía en el caso que investiga el secuestro del político Fernando Balda cometido en 2012 en Bogotá. 

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