Amnistía Internacional denunció el nuevo enfoque migratorio como ilegal, y anunció que "el retorno de individuos que están en riesgo de persecución constituye una expulsión" de EEUU.
Al ingresar a territorio mexicano, el Instituto Nacional de Migración les otorga una tarjeta de estancia como "visitante por razones humanitarias" con validez de un año.
Los retornados llegan con una cita para regresar a las oficinas de la Customs and Border Patrol (CBP, Patrulla de Aduanas y de Frontera), donde tendrán una futura audiencia para definir si pueden ingresar al sistema de asilo o si serán deportados a México o a sus países de origen. No se tiene certeza de cómo operará este nuevo mecanismo controversial.
"Se les da una visa humanitaria para permanecer en México pero no hay programas de integración. Si bien hay empleos, y eso argumenta el Gobierno Federal, debe haber más programas de ayuda para que la gente esté informada y canalizada a los lugares de empleo", sostuvo.
Sin embargo, esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá un recorte a los apoyos de las organizaciones sociales que trabajan con poblaciones vulnerables, con el argumento de fraudes y gastos excesivos, lo cual también dejará sin recursos a las instituciones que atienden a migrantes en tránsito por el país.
"Entendemos que hay irregularidades que están siendo destapadas, pero desde la Alianza Migrante — Tijuana y Ángeles sin Fronteras de Mexicali, proponemos que los apoyos económicos del Gobierno Federal se entreguen directamente a los mexicanos que son deportados desde Estados Unidos", dijo García.
Las dos organizaciones plantean que el dinero sea entregado por medio de tarjetas a los que son deportados y sugieren que el monto sea entre los 4000 y 5000 pesos mexicanos al mes (entre 200 y 250 dólares).
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Ambas organizaciones protestaron ante la cancelación, en este Gobierno, del "fondo migrante" que estaba dedicado a los mexicanos deportados.
Estas propuestas no incluyen a los centroamericanos que han llegado de forma masiva a México en los últimos años.
"Esta comunidad, mayormente centroamericana, va a aumentar cada vez más y a venir de otras partes del mundo. En el largo plazo, en Tijuana vamos a tener problemas de superpoblación" analizó.
El panorama se complica si se tiene en cuenta que hasta ahora las organizaciones civiles son las que han resuelto la atención humanitaria (estancia, alimentación, salud) de los miles de migrantes que pasan por México cada año y que según lo anunciado por López Obrador, ya no recibirán dinero público para esta tarea.
