"La revisión se hará de conformidad con las empresas, para que se corrijan voluntariamente, no queremos hacerlo solo por la vía legal", advirtió el mandatario en su conferencia de prensa diaria.
El presidente invitó a su conferencia al director general de la CFE, Manuel Bratlett, para explicar los contratos firmados en la construcción de gasoductos, siete de los cuales la CFE está obligada a pagar una penalización por razones de fuerza mayor, en caso de que no suministren gas.
Al aplicar esos contratos "ya tenemos que cumplir una serie de penalizaciones, la CFE pagó 5.000 millones de pesos [250 millones de dólares] en 2018, y este año estaría pagando otros 16.000 millones de pesos [800 millones de dólares]", dijo el responsable de la compañía de electricidad.
En 25 años, esa carga para el Gobierno ascendería a 3.500 millones de dólares, los cuales ya ha costado unos 3.000 millones de dólares, a partir de la reforma energética que comenzó a implementarse en 2015.
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Si ese mecanismo se prolonga "la CFE estaría en una posición de quiebra", alertó Bartlett.
Las empresas son: Carso del magnate mexicano Carlos Slim, IEnova, filial mexicana de Sempra, con sede en California, EEUU, y TransCanada.
El presidente dijo que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) creada como organismo autónomo del Estado tras la Reforma Energética aprobada en 2013, en realidad servía a los intereses de empresas privadas.
"Sus integrantes actuaban como empleados de los particulares, conspirando contra la CFE", dijo el mandatario.
De funcionarios públicos a empresas privadas
López obrador dijo que en los últimos gobiernos "hubo una inmoral asociación entre funcionarios públicos y empresas privadas", que los contrataron al final de sus cargos en el Gobierno.
La lista de nueve funcionarios comenzó con José Córdoba Montoya, quien fue jefe de la oficina de la Presidencia con el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), y terminó con Georgina Kessel, quien fue titular de Energía durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pero no incluyó a funcionarios del gobierno anterior, del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
"Son personas destacadas, pero participaron en un proceso de privatización, apoyando a empresas privadas como asesores, en absoluto conflicto de intereses", puntualizó Bratlett.
López Obrador dijo que "fue un plan perverso para ir destruyendo la CFE, para que las empresas particulares se apoderaran del mercado eléctrico, con mucha ineficiencia"; y anunció que notificará a la Fiscalía General para que determinen si existe algún delito en ese mecanismo.
En cambio, anunció que enviará al Congreso sus propuestas de nuevos integrantes para los órganos autónomos del Estado en el sector, como la mencionada CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Se calcula que entre 2006 y 2015 el sector eléctrico mexicano recibió inversión extranjera directa de empresas multinacionales por más de 7.400 millones de dólares.
