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La Guardia Nacional de AMLO: ¿Más poder a las Fuerzas Armadas o más seguridad para el pueblo?

© AP Photo / Anthony VazquezAndrés Manuel López Obrador, político mexicano, presenta su Plan de Austeridad Republicana, México, 14 de julio de 2018
Andrés Manuel López Obrador, político mexicano, presenta su Plan de Austeridad Republicana, México, 14 de julio de 2018 - Sputnik Mundo
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El proyecto de ley para crear una Guardia Nacional, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobado por la Cámara de Diputados en enero ha desatado una amplia polémica en el país. Sputnik consultó al experto Santiago Corcuera Cabezut y te cuenta qué está en discusión.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado en el Senado, ha sido criticado por organismos de derechos humanos debido al peso que se le da a las Fuerzas Armadas en el nuevo cuerpo.

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"El problema con esta reforma constitucional es su contenido, en el que puedo hacer notar dos o tres contradicciones muy claras", explicó a Sputnik el abogado constitucionalista, que dirigió el Comité contra la Desaparición forzada de las Naciones Unidas.

Según el especialista, las contradicciones fundamentales del proyecto son:

Civil versus militar

Para Corcuera, que ahora integra el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la primera contradicción es la determinación del carácter de la nueva Guardia. Aunque por un lado se explicite la voluntad de que el cuerpo tenga carácter civil, en varios párrafos parece lo contrario.

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El texto enuncia que "las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, serán de carácter civil", y más adelante señala que "la Federación constará de una institución policial de carácter y dirección civil llamada Guardia Nacional". Pero luego dice que la Guardia "tendrá una junta de jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de seguridad, defensa nacional y marina".

"De los tres integrantes de la junta de jefes de Estado Mayor, dos son militares y uno civil", señaló Corcuera, algo que contradice los párrafos anteriormente citados, ya que da preeminencia a los mandos de las Fuerzas Armadas.

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Formación

La segunda contradicción del proyecto, para Corcuera, es relativa a la formación de la Guardia.  

El texto dice que "la dependencia del ramo de seguridad formulará el programa nacional en materia de seguridad". Pero inmediatamente después dice que "la dependencia del ramo de la defensa nacional" será la que "dispondrá lo necesario para la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, profesionalización, cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional, que estén homologados a los que se aplican en el ámbito de la Fuerza Armada permanente".

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Es decir que la disciplina que regirá a la Guardia se homologará con las de las Fuerzas Armadas, lo que reforzará su carácter militar.

"Esto le resta carácter civil a la Guardia Nacional —señaló Corcuera—, porque la disciplina militar es el conjunto de acciones de adiestramiento e instrucción que reciben los soldados para entrenarse para el combate", algo que entra en conflicto con la voluntad de que sea una doctrina policial la que rija su funcionamiento, explicó.

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Sin fecha de caducidad

La tercera contradicción aparece en los artículos transitorios. "Un transitorio por naturaleza tendría que tener fecha de caducidad porque mientras permanezca en vigor, forma parte de la Constitución. El problema es que algunos de ellos no tienen fecha de caducidad", dijo el abogado.

Es el caso del artículo tercero transitorio, que dice: "Los elementos de las Policías Militar y Naval así como otros de la Fuerza Armada permanente que sean asignadas a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones".

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Este párrafo prueba que la Guardia también será nutrida por elementos militares en funciones, cuando en el discurso público se insiste en su carácter policial.

El proyecto, que recibió la aprobación de la cámara de Diputados, fue enviado al Senado el 16 de enero de 2019.

Además de ser aprobado por las dos cámaras, para modificar la Constitución debe ser aprobado por al menos 17 de las 32 legislaturas locales de la República.

Corcuera apeló a la "conciencia de los senadores" a "no aprobar este desorden de disposiciones que se contradicen entre sí".

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