"El Estado sobrepone decenas de estructuras de fiscalización, inhibe a quien quiere producir, pero no consiguió cohibir la tragedia de Brumadinho (…) no lo resolveremos con un Estado más pesado, sino con un Estado más eficiente", aseguró el líder ultraderechista en un mensaje dirigido al Congreso Nacional por el inicio de la legislatura.
El presidente también prometió apoyo a las familias afectadas, mejorar el modelo de control de las represas mineras y colaborar con las investigaciones.
Durante la campaña electoral, Bolsonaro fue muy crítico con la "industria de las multas" de organismos gubernamentales ligados a la protección del medio ambiente, argumentando que son un obstáculo para el progreso económico, en especial para el sector agrícola y ganadero.
El accidente de Brumadinho del 25 de enero se produjo apenas tres años después de la rotura de otro dique en Mariana (también el estado de Minas Gerais), que dejó 19 muertos y la peor catástrofe ambiental de la historia de Brasil.
En ambos casos, la propietaria de las minas era la empresa brasileña Vale (en Mariana, con propiedad compartida con la australiana BHP Billiton).
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Organizaciones ambientalistas y de afectados critican que la empresa aun no haya pagado las multas impuestas por la Justicia ni que tomara medidas para prevenir otro accidente similar.
