"La entidad hace saber que no tiene la intención de desistir de la mencionada querella", informó la DAIA en un comunicado el viernes.
La DAIA señaló no obstante que consultará con todas las instituciones que la integran el pedido formulado la AMIA.
La sede la AMIA fue volada en 1994 en un ataque terrorista aún no aclarado por el que murieron 86 personas, y por el cual están acusados algunos ex altos cargos del Gobierno iraní.
El presidente de la AMIA, Agustín Zbar, había reclamado a la DAIA que no continuase como querellante en la causa en la que Fernández está procesada por supuestamente encubrir la responsabilidad de Irán mediante el memorándum.
"Revisar esa horrible decisión de política exterior corresponde a las instituciones argentinas, y no a la comunidad judía", señaló Zbar en su cuenta de Twitter.
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La AMIA manifestó que el memorándum no podía calificarse "como un pacto de impunidad" cuando el Gobierno anterior lo firmó para intentar esclarecer el atentado de 1994 y habilitar una posibilidad para que la justicia argentina interrogara a varios iraníes que tenían pedidos de captura internacional, pero que Teherán se negaba a entregar.
Contexto
El procesamiento contra la expresidenta y senadora se basa en ese memorándum que firmó en 2013 con el Gobierno del entonces presidente iraní Mahmud Ahmadineyad para habilitar los interrogatorios de los iraníes acusados.
El fiscal Alberto Nisman, quien entre 2005 y 2015 tuvo a su cargo la pesquisa del ataque, fue quien dio origen a esta causa contra Fernández a partir de una denuncia que presentó cuatro días antes de ser encontrado muerto en su vivienda de Buenos Aires, el 18 de enero de 2015.
El juez federal Daniel Rafecas rechazó en 2016 investigar la querella del fiscal, desestimación que fue confirmada hasta en dos instancias posteriores por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación, la máxima autoridad del fuero penal.
Pero, a finales de diciembre de 2017, después de que la DAIA apelara esas decisiones, el mismo alto tribunal decidió reactivar la denuncia.
El caso lo conduce el juez Claudio Bonadío, quien pidió que a Fernández se le retiraran los fueros parlamentarios para enviarla a prisión, alegando que podía obstaculizar las investigaciones, y elevó el juicio a su etapa oral.
Fernández no está presa, pues el Congreso no le ha retirado los fueros.
