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Así funciona la corrupción inmobiliaria en Ciudad de México

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Construcciones abusivas y fuera de regla, desarrollos irregulares y maximización de negocios a costa de la seguridad y el bolsillo de los ciudadanos: el exprocurador ambiental de Ciudad de México, Miguel Ángel Cancino, describió a Sputnik cómo es el mecanismo de corrupción inmobiliaria que ha inundado la capital.

"Estamos viviendo un boom inmobiliario con un gran número de desarrollos, muchos de ellos ilegales y también que en conjunto generan condiciones negativas en la calidad de vida de la población", dijo a Sputnik Cancino, a semanas de dejar un cargo que ocupó su creación, hace ocho años.

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Explicó que durante su gestión se registró un "incremento constante de denuncias" de violaciones al uso de suelo —la herramienta principal de ordenamiento territorial que recae en el tercer nivel de gobierno de la ciudad, las alcaldías— que han sido "acreditadas" por sus investigaciones.

La principal irregularidad fueron las violaciones a la norma 26, que permitía que se construyeran complejos habitacionales con mayor densidad de población, eliminando áreas libres y de estacionamiento. Luego, vendían estas propiedades a precios altos que no correspondían a la "vivienda social" para la que habían obtenido sus permisos.

La otra trampa a las normas en la capital mexicana es construir pisos por encima de los permitidos en las licencias obtenidas.

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"En un lote donde se permiten tres niveles, encontramos uno o más de los permitidos. En 200 expedientes identificamos más de 300 niveles que se han construido en la ciudad de más", dijo Cancino.

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Sin embargo, su Procuraduría no ha logrado demoler prácticamente ninguna de las obras en infracción, sino que éstas "se pueden regularizar" a posteriori. Esa es la manera en que la norma se burla sistemáticamente.

"Los procedimientos administrativos para detener y demoler una obra deben tener una aplicación efectiva. Hoy demoler un edificio por muy irregular que sea cuesta mucho trabajo porque los jueces toman los argumentos de los desarrolladores y no nos dan la posibilidad", sostuvo Cancino. Sólo han logrado hacer ocho demoliciones en su gestión.

"Antes en esta ciudad no se demolía nada y lo que hemos logrado es un número pequeño", analizó.

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A pesar del nombre, la Procuraduría Ambiental no tiene capacidad de sancionar a los defraudadores de las leyes de la construcción.

"Lo máximo que hemos logrado hacer es imponer una medida cautelar, precautoria. Hemos impuesto tres suspensiones nosotros, pero necesitamos que la autoridad intervenga de inmediato", dijo en diálogo con Sputnik. Sólo lo han logrado en casos de patrimonio artístico en las colonias centrales Roma y Condesa, apuntó.

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La corrupción inmobiliaria es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos en la capital mexicana, sobre todo por las consecuencias en la seguridad estructural de los edificios y la debilidad en los controles que se reveló tras el sismo del 19 de setiembre de 2017.

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