En una declaración oficial, estos organismos vinculados a la Organización de Estados Americanos (OEA) exigieron que las autoridades y la empresa propietaria, la brasileña Vale, "tomen las medidas necesarias para mitigar y evitar el agravamiento de los daños al medio ambiente, así como para asistir y facilitar mecanismos de reparación a las víctimas y sus familiares".
Por ello, la CIDH exige que en los planes de emergencia se incluyan ya acciones de restauración de la zona afectada y medidas para garantizar los derechos laborales, en particular los relacionados con seguridad y salud ocupacional.
El organismo también expresó su "preocupación" por el hecho de que existan en Brasil al menos 45 diques de ese tipo en situación de riesgo y por los intentos de flexibilización de la legislación que regula este tipo de construcciones mineras.
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Brasil vivió un desastre muy similar en 2015, cuando la rotura de otra represa en Mariana (también en el estado de Minas Gerais) provocó la muerte de 19 personas y afectó a 39 municipios de la cuenca del río Doce, que quedó completamente contaminado.
La mina era propiedad de Samarco (integrada por Vale y la australiana BHP Billiton), lo que provocó fuertes críticas a la empresa brasileña por no haber evitado una nueva catástrofe.
El organismo también expresó su interés en realizar una pronta visita de trabajo a Brumadinho, solicitud que será presentada próximamente al Gobierno brasileño.
Según el último recuento oficial, la rotura del dique en Brumadinho dejó 99 muertos (de los cuales 57 fueron identificados) y 259 desaparecidos, la mayoría trabajadores de la empresa minera.
