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Un plebiscito provincial pone en jaque la política electoral en Argentina

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Un plebiscito para cambiar la Constitución de la provincia de La Rioja está crispando el ambiente político en toda Argentina. El gobernador, Sergio Casas, aspira a modificar el texto fundamental y así habilitar su reelección, a pesar de los intentos del Ejecutivo federal de frenar la consulta. ¿Qué consecuencias puede tener este episodio?

Fue un domingo de calor sofocante y tanto el oficialismo como la oposición se consideraron victoriosos. Con temperaturas de hasta 45 grados celsius, menos del 45% del padrón de la provincia de La Rioja se acercó a votar este  27 de enero en un plebiscito obligatorio, con el que el Gobierno provincial de Sergio Casas pretende modificar la Constitución local para ser reelecto.

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El centro de la polémica radica en la interpretación de un artículo de la Constitución que determina la legitimidad del resultado de la consulta popular que daría al gobernador peronista la posibilidad de ser reelecto.

"Toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del treinta y cinco por ciento de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba", lee la Carta Magna provincial. La ambivalencia del texto es el eje del conflicto: ¿se necesita ese porcentaje para rechazarla o significa que quienes la apoyen necesitan llegar a ese margen para aprobarla?

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El resultado de la consulta arrojó que 25% del padrón votó a favor de la reforma y 18% en contra, por lo que el gobierno local dio por resuelta la cuestión y avanza en la modificación de la Constitución provincial. Casas busca su primera reelección como gobernador, pero fue vice antes de su primer mandato, algo que le impediría participar de los comicios, previstos para llevarse a cabo este año.

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Sin embargo, la baja concurrencia y un listado de 30 presuntas irregularidades durante la jornada electoral son los argumentos para que la oposición en la provincia y el Gobierno nacional busquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia con el fin de evitar que la enmienda se lleve a cabo. Días antes de la votación, este tribunal desestimó un pedido para detener la consulta aduciendo que aún no existía agravio sobre el cual expedirse. Con el escrutinio ya realizado, esto podría cambiar.

"A partir de la gestión [de Carlos] Rosenkrantz [presidente del tribunal desde el 1 de octubre de 2018], la Corte Suprema tiene una postura de 'hands off' [no tocar], buscando un rol similar al de la Corte de los Estados Unidos, que toma alrededor de 100 casos por año. En un país como el nuestro, donde la Justicia está tan politizada, es muy difícil que la Corte se pueda mantener al margen", dijo a Sputnik Enrique Zuleta Puceiro, analista y consultor político.

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El experto opinó que la postura del Gobierno nacional tiene sustento en este caso y que la interpretación del texto que llevara a la aprobación de una modificación pondría en juego la constitucionalidad de las elecciones provinciales.

No obstante, aclaró que resulta contradictorio que el presidente no se pronuncie abiertamente en contra del caso del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien pretende su reelección a pesar de estar terminando su primer término completo y de haber asumido como tal luego de la muerte de Carlos Soria en 2012, cuando él era su vice.

"Pienso que Río Negro es menos discutible que La Rioja pero sin duda las interpretaciones del Gobierno tienen contradicciones", opinió por su parte el analista político e historiador Rosendo Fraga, en diálogo con Sputnik.

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"Aproximadamente 17 provincias terminarán adelantando elecciones. Se harán entre marzo y junio. No anticipan el resultado nacional pero crean clima político a favor del ganador y en contra del perdedor. La gran mayoría serán opositoras y el Gobierno nacional perderá en la mayoría de ellas. La consulta de La Rioja tiene el efecto de la primera derrota del oficialismo y por eso intenta revertirlo", dijo.

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