Una organización llama al Gobierno mexicano a aceptar trabajo de la ONU en desapariciones forzadas

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La cancillería mexicana está obligada a concluir en 60 días el proceso de aceptación de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (Comité CED) de la ONU, en casos individuales, según una resolución judicial, dijo el Centro de Derechos Humanos "Agustín Pro Juárez".

Esa obligación está contenida en la resolución de un juez federal que ordena a la secretaría de Relaciones Exteriores a definir, en 60 días naturales, la aceptación de la competencia del CED en este país "que permitiría a miles de familiares de víctimas de desaparición elevar sus peticiones ante este órgano internacional", dijo el centro jesuita, que aboga por familias de desaparecidos.

En días recientes, el juez Martín Adolfo Santos concedió un amparo a la familia Trujillo Herrera, que busca a tres familiares desde el año 2008, ante la "extrema gravedad de la desaparición forzada", delito de lesa humanidad que involucra a agentes del Estado.

La sentencia judicial señala que las autoridades federales "violaron el derecho de las víctimas directas o indirectas de acudir a instancias internacionales en materia de desaparición forzada".

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México firmó y ratificó en 2008, la Convención Internacional para la Protección de Personas contra las Desapariciones Forzadas, reconociendo además al Comité CED de la ONU, sin embargo, el Estado mexicano impidió que el Comité de la ONU pudiera conocer peticiones individuales, dice en un comunicado el centro que representa a esa familia ante instancias nacionales e internacionales.

La demanda judicial de amparo reclama la omisión de las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), se negaron a que la cancillería mexicana aceptara la competencia del Comité de la ONU, argumentando que realizaba consultas que no han concluido en nueve años.

Durante el reciente Examen Periódico Universal sobre derechos humanos en México, realizado a principio de enero del año en curso, en la sede de la ONU en Ginebra, diversos gobiernos y abogados de víctimas instaron a México para que permitiera a ese comité internacional conocer peticiones individuales.

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Esa negativa gubernamental "atenta contra la propia efectividad de la Convención de la ONU", coinciden familiares de víctimas, el sistema ombudsman nacional, legisladores, la oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, e incluso otros países que acudieron a la evaluación.

Al conceder 60 días al nuevo Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para definir una posición, la sentencia "representa una oportunidad, abierta de nueva cuenta por los familiares de víctimas, para que la nueva administración muestra su compromiso con los derechos humanos", puntualiza el comunicado.

En el marco del combate al crimen organizado durante más de una década, han perdido la vida más de 200.000 personas, hay unos 40.000 desaparecidos, unos 15.000 casos de tortura y decenas de miles de cuerpos sin identificar, cifras son superiores a cualquier conflicto armado interno en América Latina.