"Se exhorta al Ministerio Público ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipo delictivo contempladas en la Constitución y en la ley para que de manera inmediata proceda a determinar las responsabilidades a que hubiera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional", dijo el magistrado Juan José Mendoza en un comunicado leído a la prensa.
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Mendoza dijo que, según en el artículo 233 de la Constitución, los parlamentarios estarían usurpando las competencias del presidente Nicolás Maduro, al interferir en las relaciones internacionales del país.
El TSJ también reiteró que las acciones del parlamento son nulas en virtud de los fallos 2 y 3 de 2017 y 2018, respectivamente, emitidos por el propio tribunal.
La Asamblea Nacional decidió en su sesión ordinaria del 22 de enero nombrar a Gustavo Tarre Briceño como "representante especial" de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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Además, los parlamentarios anularon la decisión adoptada por Maduro en abril de 2017 de retirar a su país de la OEA y que, de acuerdo a lo previsto en el reglamento del organismo, se haría efectiva este 2019, al transcurrir dos años de su anuncio.
La Asamblea declaró además previamente a Maduro como usurpador del cargo de presidente.
Ambas acciones fueron declaradas como írritas por el TSJ el pasado 21 de enero.
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