"Las autoridades de Baja California deben desarrollar una investigación a profundidad sobre esta ejecución y dar prioridad a la hipótesis de que el crimen pudo estar relacionado con la labor profesional del periodista", dijo Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF), en un comunicado divulgado en la página web de la organización.
El reportero había denunciado el año pasado que era objeto de amenazas de muerte y agresiones por su trabajo y críticas al Gobierno del alcalde del municipio de Mulegé, Felipe Prado.
Murúa contaba con medidas del Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una herramienta federal para proteger a activistas, desde junio de 2017.
"Frente a este nuevo fracaso del Mecanismo de Protección, RSF pide al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que se reflexione a fondo cómo fortalecer los dispositivos de protección de periodistas en México y que estos se reformen", dijo Colombié.
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El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, condenó la muerte del periodista en su cuenta de la red social Twitter y dijo que se hará justicia.
"El cobarde crimen de Rafael Murúa no quedará sin castigo. He instruido a la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur a seguir todas las líneas de investigación para el esclarecimiento de este lamentable hecho. A base de mucho esfuerzo y trabajo, con el apoyo de las fuerzas federales, los sudcalifornianos hemos ido recuperando nuestra tranquilidad. Haremos que la Justicia prevalezca en Baja California Sur", afirmó Mendoza.
Según RSF, al menos nueve periodistas fueron asesinados en 2018 en México debido a su trabajo y el país latinoamericano ocupa el lugar 147, entre 180 naciones, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, elaborada por la organización.
