"El presidente cree que con un mando centralizado en su persona va a lograr pacificar el país y acabar con la delincuencia y la violencia; pero es completamente opuesto a los modelos que sí funcionan en muchos países con saldos positivos", dijo Catalina Pérez Correa, autora de varios libros sobre sistemas de justicia penal y doctorada en derecho por la Universidad de Stanford.
Esa reforma en marcha "introduce en la Constitución, de forma permanente, una estrategia aplicada durante 12 años que ha sido un desastre para este país porque extendió la violencia", asegura la autora de varios libros, el más reciente "Sobredosis carcelaria y política de drogas en América Latina".
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 31, 2018
Este enfoque no es nuevo en México, explica Pérez Correa, pues comenzó desde la Ley de Seguridad Interior, promulgada en diciembre de 2017 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Pero un fallo de la Suprema Corte de Justicia la decretó inconstitucional en noviembre de 2018 porque autorizaba a las fuerzas armadas a participar en tareas de seguridad pública, y ante ese obstáculo, el nuevo mandatario se propuso cambiar la Constitución.
El dictamen de los diputados que pasó al Senado impulsado por el oficialismo dejó insatisfecho al mandatario, porque no autoriza en forma expresa a los militares continuar el combate contra la delincuencia.
"López Obrador quiere que mientras crea la nueva Guardia Nacional, las fuerzas armadas continúen realizando tareas de seguridad pública", de tal forma que resulta falsa su promesa de campaña de que buscaba desmilitarizar al país, dijo la investigadora.
"Ese argumento es muy engañoso, porque la reforma constitucional establece que la nueva Guardia Nacional estará subordinada al fuero de guerra, en caso de faltas a la disciplina militar", no a los tribunales civiles, indicó Pérez Correa.
Sorpresa para defensores de víctimas
La disciplina, capacitación y ordenamiento jerárquico de la nueva corporación, que contará con 50.000 efectivos, estará a cargo de la cartera de Defensa.
"Ese proyecto de la Guardia Nacional fue una sorpresa para quienes impulsamos ante la Suprema Corte la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, porque otorgaba una carta blanca al Ejército contra el crimen organizado", dijo a Sputnik el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Juan Antonio Guevara.
Los militares apoyan este enfoque porque quieren proteger tres privilegios, dice el doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
En primer lugar, "quieren ejecutar detenciones con base legal durante los operativos, sin límites de legislaciones civiles", indica el jurista.
En segundo lugar, "quieren hacer uso de la fuerza letal ilimitada", prosigue el defensor de víctimas de abusos policiales y militares, quien ha sido ministro de derechos humanos de México ante la ONU.
"Los militares quieren aplicar la fuerza letal apegados a lineamientos castrenses para el uso de las armas de fuego, que no se ajustan a los estándares de las policías en tiempos de paz, ni a estándares para conflictos armados internos", apunta Guevara.
Varios estudios indican que la cantidad de delincuentes muertos en combate es desproporcionada, comparada con el número de heridos.
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"La proporción de muertos es superior a cualquier conflicto armado, desde la guerra de Vietnam [de la década de 1960], porque en México la letalidad es absoluta, en otras palabras: son muy eficaces para matar sin dejar heridos", señala el experto.
En tercer lugar, las fuerzas armadas quieren formar parte de la cadena de custodia de armas y drogas, confiscadas.
"Los militares quieren que sus partes de enfrentamientos, arrestos, decomisos de armas y drogas formen parte de la evidencia en los procesos judiciales, bajo su control", para que el ministerio Público las utilice.
Si la Constitución les otorga esa facultad, "podrían mentir en sus partes militares sobre sus abusos", advierte Guevara.
El experimentado abogado señala que "la reforma constitucional está plagada de trampas, como la de poner a la nueva corporación bajo mando civil de la secretaría de Seguridad Pública; pero bajo un Estado Mayor Conjunto de la Defensa, el Ejército y la Marina, es decir crea una institución bicéfala".
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En suma, la negación de un proceso de militarización y empoderamiento castrense, "es un recurso retórico infundado", al igual que la expresión del mandatario que considera a los militares "simplemente como pueblo organizado", puntualizó.
