A pocas semanas de iniciar su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en marcha una estrategia para evitar el robo y venta ilegal de gasolina proveniente de los oleoductos de la empresa energética paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex): al menos siete ductos estratégicos han sido cerrados para evitar esta práctica ilícita, conocida como 'huachicoleo'.
"Esta es la primera vez que un presidente de la República reconoce de manera tan contundente la corrupción que hay en Pemex, no sólo por el robo en tomas clandestinas, sino desde adentro de la empresa paraestatal", dijo a Sputnik el periodista mexicano Alejandro Sánchez.
"El caso me parece paradigmático por dos razones: exhibe la desatención de los gobiernos hacia la toma de combustible y por qué esta falta de atención detona la violencia hacia la libertad de prensa", sostuvo Sánchez.
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El periodista argumentó en conversación con Sputnik que en el momento de las primeras denuncias en las investigaciones de Gibb, las tomas clandestinas no superaban las 200. Se trataba de una cifra de cierta magnitud, pero lejana de las 11.000 tomas clandestinas, existentes por la falta de control estatal.
"Al no frenar el delito y no poner orden cuando hubo un periodista que fue de los primeros en detectar esas situaciones, se detonaron los casos de muerte y desaparición de periodistas", subrayó el comunicador.
El asesinato
Según el relato que Sánchez recabó entonces con sus compañeros de trabajo y que publicó el diario Crónica, Gibb había intentado ser sobornado en la redacción del periódico que dirigía en Papantla, para que dejara de investigar el robo de combustible.
Como señaló Sánchez —y retomó Reporteros Sin Fronteras— la muerte de Gibb fue antecedida por la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, periodista del diario 'El Imparcial' de Sonora, ocurrida el 2 de abril de 2005; y por el intento de asesinato de Guadalupe García Escamilla, el 5 de abril, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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Las autoridades mexicanas identificaron a un empresario de Poza Rica como el sospechoso del crimen, quien según reportes locales, estuvo dos años preso por defraudación fiscal y fue liberado tras pagar una fianza de 100.000 dólares.
"Es súper relevante este caso específico, porque habla de la incapacidad gubernamental, e incluso del contubernio con grupos criminales. Gracias a eso pagamos de las gasolinas más caras del mundo y por el otro lado, sufrimos el atentado a la libertad de prensa. Cada vez que matan a un colega, están silenciando a la sociedad", concluyó Sánchez.