Pedro Martínez, subdirector general de Radio Habana Cuba dijo a Sputnik que el anuncio del secretario de Estado, Mike Pompeo, "muestra el interés del Gobierno estadounidense de arreciar el bloqueo hacia la Isla, con una 'revisión cuidadosa' de la normativa', aprobada el 3 de marzo de 1996 durante el mandato del expresidente Bill Clinton.
Este Título III ha estado congelado durante más de 21 años, y establece que cualquier compañía, ya sea estadounidense o extranjera, que tenga tratos con la Isla puede ser sometida a represalias legales, así como sus directivos. Implica también el castigo para cualquier buque o aeronave que toque tierras cubanas, lo que significa que empresas extranjeras deben elegir entre comerciar con Cuba o con EEUU, un mercado mayor.
"Es una manera de apretar todavía más la tuerca del bloqueo contra Cuba y de evitar que la Isla se desarrolle, de que vengan los turistas, los inversionistas… y no es algo casual", destacó Martínez.
Por su parte, el politólogo cubano Arturo López-Levy, radicado en EEUU, coincidió en que el impacto principal de esta medida es reducir las oportunidades de inversión externa en la Isla al "sembrar miedo".
"Obviamente esto tiene connotaciones directas, en términos de trabajo para los cubanos que reciben salarios de firmas extranjeras y por las conexiones con empresas que pueden contribuir a una mayor apertura en el contexto cubano", explicó el catedrático de la Universidad Gustavus Adolphus College de Minnesota.
El politólogo destacó cómo está medida se alinea con los dos pilares de la narrativa del Gobierno de la Isla en esta coyuntura crítica: "Cuba abre, mientras Estados Unidos cierra" y "este argumento puede favorecer el voto a la Constitución cubana el próximo 24 de febrero, ya que con todos los problemas y polémica que esta Carta Magna pueda tener, responde a las condiciones extremas de acoso externo", explicó.
Un detalle importante es que Título III permite la apertura en cortes estadounidenses de juicios a inversionistas en lo que la ley reconoce como una "propiedad robada", que en este caso sería cualquier propiedad que un ciudadano cubano haya dejado en la Isla, incluso antes de convertirse en ciudadano estadounidense.
"Es así como estas propiedades pasan a ser estadounidenses, en virtud de una ficción total y en abierta contradicción legal, hecho que señalaron los propios abogados de EEUU cuando la también llamada Ley de la Libertad se estaba discutiendo", recordó el profesor.
Esta maniobra tampoco es casual para el catedrático cubano. La elección presidencial de 2020 hace que la administración Trump sienta una presión importante desde Florida, y este acortamiento en la prórroga de la Ley Helms-Burton puede servir para alimentar el lobby de la comunidad cubano-americana en el Estado naranja.
"Todo esto forma parte también de un cálculo político, para saber cuánto se necesitan los votos de Florida, cómo se ve Trump en las encuestas… y para ello, están dispuestos a dañar la relación con los aliados con tal de ganar los votos", concluyó el politólogo.
