"La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en su sesión del lunes 14 bajo la presidencia del congresista César Segura, aprobó por mayoría (…) la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry", consigna el texto.
A Chávarry, quien fue fiscal general hasta su renuncia la semana pasada, se le acusa de ser miembro de la mafia Los Cuellos Blancos del Puerto, una organización enquistada en el interior del sistema judicial.
El grupo criminal estaba integrado por jueces, fiscales, políticos y empresarios, dedicados a delitos como tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos, entre otros.
Junta con la denuncia hecha por Montenegro, se aprobó otra por el mismo tenor realizada por el procurador anticorrupción, Amado Enco.
Una tercera denuncia fue aprobada a trámite; esta fue presentada por la bancada del partido Nuevo Perú (izquierda) que acusa a Chávarry de obstrucción de la justicia por destituir a los fiscales del equipo que investigaba casos de corrupción de la constructora Odebrecht en el marco de la operación Lava Jato.
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El 31 de diciembre, Chávarry destituyó al coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela, y al fiscal José Domingo Pérez, quienes están llevando a cabo las investigaciones contra políticos involucrados presuntamente con pagos y sobornos relacionados con Odebrecht.
Nuevo Perú considera que Chávarry tuvo intenciones de encubrir a políticos aliados en la investigación sobre Odebrecht, aunque luego de haber destituido a los mencionados fiscales, los repusiera a los pocos días bajo protestas de la ciudadanía y sectores políticos.
Una última y cuarta acusación contra Chávarry fue admitida por la Subcomisión de Acusaciones.
Esta fue presentada por los congresistas del partido Bancada Liberal, que acusa al ex fiscal general de obstruir las investigaciones sobre los casos relacionados con Odebrecht.
A Chávarry, un personaje con indicios de tener nexos de corrupción con la agrupación política Fuerza Popular (fujimorismo, derecha), el Poder Judicial le dictó el sábado pasado impedimento de salida del país por un plazo de nueve meses, mientras duran las investigaciones en su contra.
