"Desde el punto de vista de una teoría que podría constituirse en una sistematicidad pasiva, habría que decir que la mayor afectación se produce en relación con miembros de Juntas de Acción Comunal", dijo Martínez, según declaraciones entregadas por su despacho.
Las JAC son organizaciones civiles que propenden por la participación ciudadana en el manejo de sus comunidades y sirven como medio de interlocución con los gobiernos nacional, departamental y municipal.
Según Martínez, los líderes de las JAC representan el 50% de los líderes afectados en el país, por lo que existe una "sistematicidad pasiva" en torno a sus homicidios.
"Esa afectación la producen particularmente organizaciones criminales tales como los grupos armados organizados residuales, (la guerrilla del) ELN, el 'Clan del Golfo' (disidencia del paramilitarismo) y 'Los Caparrapos' (banda organizada) también", añadió.
Martínez explicó que también se puede hablar de "sistematicidad activa" en cuanto a los autores de estos crímenes, ya que son las mismas organizaciones las responsables de estos hechos.
Por último, el Fiscal General precisó que no se registran casos de agentes del Estado involucrados en los asesinatos, como ocurrió en la década de 1980, cuando estos se aliaron con grupos paramilitares y asesinaron a unos 5.000 integrantes y militantes del partido de izquierda Unión Patriótica (UP), surgido tras el fracaso de un acuerdo de paz entre el Gobierno y varias guerrillas.
"Hay más 62.000 Juntas de Acción Comunal registradas en el país y hay alrededor de cuatro millones de líderes adscritos a esas juntas, por la que el escenario de protección es bastante complejo", dijo la funcionaria en declaraciones difundidas por su despacho.
Sin embargo, el Gobierno y Fiscalía garantizaron que no habrá impunidad en el asesinato de más líderes sociales.
Según un reporte presentado el 10 de enero por la Defensoría del Pueblo (ombudsman) de Colombia, cada 48 horas fue asesinado un líder social en el país durante el 2018, lo que dejó un saldo total de 172 de ellos muertos en ese año.
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El organismo también estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados en Colombia 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.
