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Fiscalía Colombia presenta informe de renta ilegal de FARC y líderes sociales asesinados

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BOGOTÁ (Sputnik) — El fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, presentó a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz) un informe de las rentas ilegales de la desmovilizada guerrilla de las FARC y la victimización de líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado.

"Este informe describe que dentro del conjunto de reglas y procedimientos que promulgó las FARC dentro de su estructura jerárquica, aquellas que tuvieron como objetivo la regulación de sus finanzas ocuparon un lugar destacado", indicó la Fiscalía en un comunicado.

Según la Fiscalía, entre 1996 y 2012 las FARC se hicieron con 3,6 billones de pesos (1.125 millones de dólares) como producto de secuestros extorsivos.

Asimismo, señaló que la entonces guerrilla acumuló por esa práctica "millones de pequeñas, medianas y grandes transacciones incuantificables" y que esos factores "explican la dificultad para cuantificar los ingresos por extorsión de la guerrilla".

En cuanto a los ingresos por narcotráfico, la Fiscalía no pudo identificar el monto total que acumuló las FARC entre 1999 y 2016, pero indicó que cuenta con una cuarentena de cifras obtenidas por distintas fuentes entre estos años que indican cifras entre los 6.000 millones de pesos (unos 1,9 millones de dólares) y los 7 billones de pesos (unos 2.188 millones de dólares).

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Por su parte, el total de bienes de la desmovilizada guerrilla (hoy convertida en partido político de izquierda), se enumera en 1.670, por un valor total de 2,3 billones de pesos (unos 719 millones de dólares).

Además, la Fiscalía indicó que en lo referente a la victimización de líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado entre 1985 y 2016 "se registró información de 536 víctimas".

La mayor parte de ellas, precisó, se registró en Antioquia (noroeste, 134 víctimas), Bogotá (centro, 75 víctimas) y Arauca (nordeste, 53 víctimas), que concentran el 48,8 por ciento del total de víctimas identificadas en el informe.

"La mayoría de las víctimas eran hombres (78,54%) entre los 18 y 30 años (28%)", precisó.

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Por último, el documento precisó que el universo de víctimas corresponde a líderes sociales o integrantes de organizaciones cívicas, activistas políticos, sindicalistas, líderes o integrantes de organizaciones defensores de derechos humanos, líderes o integrantes de organizaciones indígenas y campesinas, académicos y líderes estudiantiles.

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