"El Gobierno aboga por complementar nuestra legislación y adoptar una nueva ley que permita castigar a quienes no quieran cumplir con la obligación de coordinar" las manifestaciones, dijo Philippe a la cadena TF1.
Agregó que solo una de las acciones celebradas en París el 5 de enero fue coordinada con la administración, mientras que "la segunda no fue coordinada y durante su celebración tuvieron lugar los disturbios".
Francia vive desde mediados de noviembre una oleada de protestas de los llamados chalecos amarillos.
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Los manifestantes, que visten chalecos amarillos fluorescentes, protestaban en un principio por el alza en los precios de los combustibles y los impuestos relacionados, pero luego sus reivindicaciones se extendieron a otras demandas sociales y políticas, incluyendo las exigencias de que Macron presente la renuncia.
A las protestas en Francia se unieron también estudiantes y liceístas.
Las manifestaciones del sábado reunieron a unas 50.000 personas en todo el país, de acuerdo con los datos del Interior, de ellas unas 4.000 personas en la capital, según el periódico Le Monde.