"Qué bien que se rectifique una decisión que ha sido muy cuestionada", dijo el mandatario a la prensa.
El 31 de diciembre, Chávarry determinó separar a Vela, coordinador del equipo Lava Jato, y a Pérez, quienes tenían a su cargo las investigaciones sobre los casos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en Perú.
Este proyecto de ley fue anunciado en la noche del martes por Vizcarra debido a la separación de los fiscales del equipo Lava Jato, algo que consideró como un duro golpe a la lucha contra la corrupción en Perú.
Ahora que los fiscales Vela y Pérez han sido repuestos en sus cargos, el mandatario no dio mayores detalles sobre el destino del proyecto de ley cuyo texto llevó al parlamento personalmente.
El equipo Lava Jato está logrando importantes avances en sus investigaciones, incluyendo la próxima firma de un acuerdo de colaboración entre la constructora brasileña y la fiscalía.
La decisión de separar a los fiscales causó fuertes protestas en Perú, pues ponía en riesgo las investigaciones y, sobre todo, la firma del acuerdo a realizarse el 11 de enero.
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Según este acuerdo, Odebrecht se compromete a revelar toda la información sobre los sobornos a políticos peruanos.
También está llevando adelante la investigación sobre lavado de activos en relación con Odebrecht de Keiko Fujimori, lideresa del partido opositor Fuerza Popular (fujimorista, derecha).
El fiscal de la nación Chávarry ha sido indicado por un informe de la fiscalía como cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Esa mafia estaba infiltrada en el sistema político y judicial de Perú, dedicándose a delitos de tráfico de influencias, sobornos, lavado de activos, entre otros.
Se sospecha que miembros de Fuerza Popular formarían parte de esta red delictiva.
Desde que asumió el cargo en julio de 2018, el fiscal de la nación ha sido fuertemente cuestionado por diversos sectores políticos por su cercanía con los investigados por delitos con Odebrecht, en particular con Keiko Fujimori y el expresidente García.