"El aniversario que se conmemora el sábado [29 de diciembre] es una mentira, una fachada y un discurso demagógico, porque los acuerdos no se aplican en la realidad; uno de los objetivos de los tratados era impulsar la inclusión social, pero lo único que ha hecho el Estado ha sido beneficiar a la oligarquía terrateniente y a las transnacionales", dijo a Sputnik el diputado del partido Convergencia CPO-CRD, Leocadio Juracán.
Los 12 Acuerdos de Paz, negociados y firmados entre 1991 y 1996 por el Gobierno y la guerrilla campesina Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, buscaban soluciones de fondo a los orígenes de un conflicto que duró 36 años y dejó 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y unos 100.000 desplazados, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico establecida por las Naciones Unidas.
El Estado se comprometió en esos acuerdos a generar condiciones para la democratización, abordar la problemática del acceso a la tierra (factor crucial del comienzo de la guerra), proveer oportunidades de desarrollo a las poblaciones indígenas, reconocer y promover la identidad y los derechos de los pueblos originarios, desarmar a los grupos irregulares y esclarecer los crímenes cometidos en la guerra.
La razón central del conflicto, para ellos, fue la concentración de la riqueza en pocas manos.
Pero los sucesivos gobiernos han fallado en generar inclusión y justicia social, explicó Amézquita Garica.
"Los Acuerdos de Paz consiguieron el alto al fuego, pero no la solución a la extrema pobreza; en estos últimos años prácticamente se ha incrementado la inversión en este país a través de megaproyectos de minería, pero irónicamente eso ha producido un incremento de la pobreza; este país es rico, cuenta con microclimas abundantes y con suficientes recursos, pero no hay una política que proteja la población guatemalteca", reflexionó Juracán.
El 60% de la población es pobre
Amézquita Garica sostuvo que la pobreza ha ido en aumento.
"Según los indicadores oficiales, para el año 2006 el 51,02% de la población vivía en condiciones de pobreza, para el 2011 un 53,71% y para el 2014 un 60,41% de la sociedad estaba en esta situación", explicó.
"La situación precaria del país es producto del incumplimiento total de los compromisos de los Acuerdos de Paz", dijo.
Mientras entre lo acordado se planteó la necesidad del trabajo digno, "el Estado fija el salario mínimo en un costo inferior al de la canasta básica vital y garantiza impunidad a más del 90% de empleadores que no lo pagan", denunció.
Más del 80% de los trabajadores no tienen acceso a la seguridad social y más del 90% no pueden acceder a la libre sindicalización, según la dirigente.
Discriminación
"El carácter racista de las políticas de Estado se remarca en el tema educativo, particularmente; el Estado de Guatemala ha venido emitiendo normativas que impiden el acceso a la educación de la mayoría de la población y tiende a eliminar los idiomas indígenas", agregó Amézquita.
Hay además una "violación sistemática" del derecho a la consulta de los pueblos originarios.
"Las licencias de exploración de recursos naturales se han otorgado sin consulta a los pueblos indígenas", agregó.
El 40% de la población guatemalteca se identifica como indígena, según el Instituto Nacional de Estadística.
"Esta injusticia sucedida en el campo ha generado una grave conflictividad, la cual ha sido tratada por el Estado y el sector empresarial con la criminalización de las comunidades y con el asesinato", dijo Amézquita.
El poder empresarial, a través de la financiación de las campañas electorales, controla de hecho al sistema político, según las fuentes.
Otro de los compromisos fundamentales de la paz fue garantizar la democratización del Estado.
"En los últimos tres años este Gobierno prácticamente atentó contra la democracia y pretendió suprimir al organismo judicial para ser protegido por los señalamientos que se le hacen en materia de corrupción; la impunidad del Estado ha contribuido muchísimo a la falta de oportunidades y por eso ha migrado mucha gente hacia Estados Unidos", reflexionó Juracán.
Guatemala tiene la tercera mayor tasa de homicidios del Triángulo Norte, después de El Salvador y de Honduras, con 23,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes en los primeros nueve meses de este año, según datos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
